Ricardo Ávila
Editorial

Una amenaza que crece

Según la encuesta Gallup, el 28 por ciento de los colombianos cree que la corrupción es el principal problema que enfrenta el país en la actualidad.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
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Ricardo Ávila
julio 09 de 2017
2017-07-09 07:38 p.m.
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Uno de los temas que ha estado más presente en la agenda pública este año, ha sido el de la corrupción. El destape de escándalos globales como Odebrecht, hasta los locales como el del Secretario de Seguridad de Medellín, ocupa los titulares de los periódicos e inunda las redes sociales. La revelación permanente de nuevos casos en distintas ramas del Estado, que incluyen a la Fiscalía encargada de investigar esos hechos, enardece la indignación de la opinión pública y termina por debilitar el aparato institucional.

Si bien este flagelo ha sido un cáncer que ha acompañado al Estado colombiano por décadas, la percepción sobre su penetración y gravedad está hoy en índices nunca antes vistos. De acuerdo con la más reciente encuesta Gallup, el 28 por ciento de los colombianos identifica la corrupción como el principal problema que enfrenta el país en la actualidad. De hecho, en las tres mediciones del 2017 ese porcentaje de ciudadanos que apunta a los corruptos como el más grave desafío, ha sido el más alto desde el 2004. Al inicio del primer periodo del presidente Juan Manuel Santos, este mismo indicador marcaba solo el 9 por ciento.

Al crecimiento en la percepción de la gravedad de este delito, se añade un generalizado pesimismo frente a la capacidad de enfrentarla y derrotarla. El mismo sondeo señala que el 88 por ciento de los encuestados cree que la situación está empeorando: el segundo más alto porcentaje en diez años de registros. Otros estudios como el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, reafirman estas mediciones. Con una calificación de 37 sobre 100 puntos, el sector público colombiano es percibido como “altamente afectado por la corrupción”.

En un año preelectoral y con un gobierno mal calificado por la opinión, era inevitable que la corrupción ingresara en la narrativa de la campaña, especialmente desde las orillas opositoras. Tanto el bloque uribista como las aspiraciones de izquierda e independientes han golpeado sistemáticamente al Ejecutivo alrededor de los graves escándalos que se han destapado. Una consulta popular que introduciría medidas para vigilar al Congreso, reducir sus salarios y limitar sus periodos, será introducida por la senadora y precandidata presidencial Claudia López, con el respaldo de millones de firmas.

Los sobornos de Odebrecht, que revelaron irregularidades serias en la financiación de la campaña del propio presidente Santos y la captura del fiscal Gustavo Moreno, a cargo de la dirección anticorrupción, confirman, al colombiano de a pie, que las redes corruptas surgen de las más altas cúpulas. A pesar de los anuncios y las iniciativas lanzadas, el gobierno ha sido incapaz de articular una exitosa estrategia de lucha contra los corruptos. Todo lo contrario, la disparada histórica en los niveles de percepción del flagelo se ha traducido en una creciente sensación de la administración actual como un foco de corrupción de altas proporciones. La ‘mermelada’, convertida en sinónimo de cualquier acto irregular y heredera de las ‘lentejas’ y otras denominaciones, está hoy tan vinculada al Ejecutivo como el proceso de paz.

Lo cierto es que el crecimiento de la percepción sobre la corrupción, que aumenta por el destape de los escándalos, amenaza con superar el merecido legado de paz del gobierno Santos. De la Casa de Nariño se esperan decisiones y acciones que no solo denuncien a los corruptos, sino que apunten a algunas de sus causas estructurales. Es tarde para señalar a la oposición o lamentarse de sus estrategias mediáticas, el primer mandatario requiere un plan de emergencia inmediato.

No se queda atrás la imagen debilitada de la Fiscalía, la Rama Judicial, los organismos de control y el Poder Legislativo. La corrupción, en una de sus formas más despreciadas por los colombianos, el clientelismo, ha minado gravemente la autoridad de estas entidades. La Procuraduría, con el relevo en su cabeza, se ha mostrado más sensible a estas problemáticas. El deterioro institucional generalizado que traen tanto ese flagelo como la percepción de su penetración y extensión, amenazan el corazón mismo de la democracia colombiana.

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