Alcaldías, defensoras del consumidor

Si bien la Superintendencia de Industria es la máxima autoridad para hacer valer el derecho de los consumidores, una persona que se sienta vulnerada, en cualquier parte del país, tiene en las alcaldías una instancia para tramitar su reclamo.

05.02.2016 20:58 Actualizado: 08.03.2014 03:02

Según el artículo 62 del Estatuto del Consumidor, los alcaldes ejercen en sus respectivas jurisdicciones las mismas facultades administrativas de control y vigilancia, por lo que, en otras palabras, los convierte en los Superintendentes de Industria y Comercio de sus municipios.

Su función central es velar por el cumplimiento de la ley y dar trámite a las investigaciones por la violación al Estatuto, así como imponer las sanciones respectivas. Las alcaldías también pueden interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para esclarecer una investigación de este tipo. “Para estos efectos, se podrá exigir la comparecencia de la persona requerida”, con las medidas que consagra el Código de Procedimiento Civil, explica la Superindustria.

Funcionarios de las alcaldías también pueden practicar visitas de inspección, así como desarrollar cualquier otra prueba consagrada en la ley, con el fin de verificar hechos o circunstancias relacionadas con el cumplimiento del Estatuto.

Igualmente, la autoridad local puede publicar la información relativa a las personas sancionadas.

El alcalde, una vez haya adelantado el proceso administrativo sancionatorio y determine que se infringió una norma del Estatuto, podrá sancionar pero únicamente con multas hasta por 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si considera que se debe tomar una medida diferente o imponer una multa mayor deberá remitirlo a la Superintendencia de Industria y Comercio. En todo caso, contra la decisión de los alcaldes procede el recurso de apelación que será resuelto por la Superintendencia de Industria y Comercio.

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