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Departamentos lanzan propuesta de plan de salvamento financiero

En total hay siete iniciativas que buscan el fortalecimiento financiero en los territorios.

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Los gobernadores de los 32 departamentos le pedirán al Gobierno Nacional mayor acceso a créditos en condiciones preferenciales. Además, le propondrán la ampliación de los recursos del Sistema General de Participaciones para garantizar la atención de sus gastos más urgentes y le plantearán la necesidad de que les permita contratar deuda pública para sortear los efectos de la pandemia.
Las peticiones hacen parte de un plan de salvamento financiero que comenzó a ser perfilado este lunes durante una reunión virtual de gobernadores y secretarios de Hacienda promovida por el director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Carlos Camargo Assís.
(Los departamentos más competitivos del país). 
Durante el encuentro fue presentado un completo diagnóstico de las finanzas territoriales que muestra una caída vertical en sus recursos propios. De acuerdo con el informe presentado por la FND, el promedio ponderado de la caída en el impuesto al consumo de cigarrillos importados llegaba, entre el 26 de marzo y el 25 de abril, al 57 por ciento; el de las cervezas importadas es del 75 por ciento y el de licores, durante el mismo lapso, era del 34 por ciento.
Los impuestos al consumo de productos nacionales también presentan un fuerte decrecimiento. Comparado con el recaudo producido durante enero y abril del año pasado, que fue de $129.737 millones, la variación negativa durante el mismo lapso de 2020 -bajo efectos de la pandemia- ha sido del cien por ciento. La variación negativa del impuesto del impuesto a la cerveza ha sido del 18 por ciento y en licores del 53 por ciento.
Durante la reunión intervinieron algunos gobernadores que, con algunas propuestas complementarias, acogieron un plan de salvamento propuesto por la Federación, que tiene en cuenta un factor adicional: hay riesgo de que varias entidades territoriales caigan en una moratoria en su deuda pública, que a diciembre 31 del año pasado llegaba a los $4,5 billones.
Las siete propuestas contenidas en el plan son básicamente los siguientes:
1. Establecimiento de una línea de crédito, con tasa de redescuento y plazo de gracia de hasta tres años, con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) o del Presupuesto General de la Nación.
2. La Superfinanciera modificaría las condiciones de crédito público contratadas por los entes territoriales, de manera que sea posible aplazar los pagos por concepto de capital e intereses por seis meses o un año y que las entidades financieras puedan renegociar los créditos actuales.
3. Las entidades territoriales deben ser autorizadas para contratar operaciones de crédito público.
4. La Nación actuaría como garante de las operaciones de crédito.
5. Findeter y Finagro serían autorizados para ofrecer líneas de crédito blando y de manera directa.
6. Las entidades territoriales quedarían exentas de la aplicación de los límites fijados legalmente para los gastos de funcionamiento.
7. A través de un mecanismo de compensación del Sistema General de Participaciones quedaría garantizada la prestación de servicios esenciales. Actualmente el pago de nóminas ya se encuentra en riesgo.
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