EPM inició millonaria demanda contra los constructores de Hidroituango

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que la compañía Empresas Públicas de Medellín (EPM) emprenderá acciones legales por $9,9 billones contra los constructores, interventores, diseñadores y aseguradores del proyecto hidroeléctrico Hidroituango para que sean los responsables de asumir los sobrecostos de esta billonaria obra y, también, las consecuencias de la emergencia que atravesó la megaobra en 2018.

Quintero aseguró que “desde que llegué a la Alcaldía dije que los responsables de la emergencia en Hidroituango pagarán los costos y no los ciudadanos por medio de recibos de servicios públicos.

Por esto, desde el primer día pedí la conformación de un equipo de alto nivel que valorara los costos reales y los responsables de la emergencia”.

Según el mandatario, la suma demandada ($9,9 billones) por Empresas Públicas de Medellín ante la Procuraduría General de la Nación es la más alta que haya registrado una entidad de carácter público. Asimismo, explicó que en estas acciones pidió acompañamiento a la Contraloría General de la República y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Quintero dijo que “nos comprometimos a defender a EPM, empresa que tiene plata de los ciudadanos. Con transparencia hemos establecido estas acciones para conservar a nuestra empresa”.

El gerente de EPM, Álvaro Rendón, manifestó que “nos hemos aplicado a fondo para estructurar el llamado a una conciliación a todas las personas que participan del proyecto Hidroituango. Esta se propuso ante el Tribunal Administrativo de Antioquia”.

Las partes convocadas a este proceso son: Consorcio Generación Ituango (constituido por Integral S.A., Geotécnicas Solingral S.A.), Consorcio CCC Ituango (conformado por Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa Ramon H. S.A.), Consorcio Ingetec Sedic (conformado por Ingetec S.A. y Sedic S.A.), Seguros Generales Suramericana S.A. y Chubb Seguros.

El gerente explicó que el equipo jurídico estará liderado por Alexander Sánchez, vicepresidente de Asuntos Legales de EPM. En este equipo de conciliación también estará el exmagistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal Pulido, y la firma Baker & McKenzie.

“Antes de acudir al juez y elevar la demanda por $9,9 billones contra los consorcios, EPM debe agotar el requisito de la conciliación con los involucrados. Este proceso tardará tres meses y su duración máxima será hasta el 10 de noviembre. Dado el caso que fracase la conciliación, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en cabeza del Consejo de Estado, será quien dirima la controversia económica entre EPM y los consorcios. En caso de que no se logre la conciliación, esta sería la demanda más alta interpuesta por una entidad de derecho público en contra de un contratista en Colombia”, manifestó la firma EPM a través de un comunicado.