Fin de casa por cárcel para delitos de corrupción

El Presidente Juan Manuel Santos anunció ayer ocho medidas para luchar contra la corrupción pública
y privada en el país.

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19.04.2017 22:35 Actualizado: 19.04.2017 22:35

Colombia reforzará las medidas que tiene para luchar contra la corrupción y las superintendencias, que han mostrado su efectividad en esa lucha, tendrán más herramientas para enfrentar el flagelo en los renglones que vigilan.

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Así lo anunció ayer el presidente, Juan Manuel Santos, quien afirmó: “Se les dará más dientes y herramientas a las superintendencias para que investiguen y sancionen con más rapidez y mayor contundencia. Las pruebas que recauden podrán ser usadas por la Fiscalía General como evidencia en sus procesos”.

Santos señaló que solicitará la creación de jueces especiales. “Se le pedirá al Consejo de la Judicatura que autorice la creación de jueces especiales para los delitos contra la administración pública y otros para la extinción de dominio”, afirmó.

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Anoche, el mandatario le dijo a los asistentes al evento que habrá bancarización total del sistema de contratación con el Estado, y subrayó que los pagos que se hagan a contratistas, así como los de estos a subcontratistas y empleados deberán contar con esa misma formalidad, pues, según añadió, el efectivo no deja huella y no se le puede hacer seguimiento.

De otra parte, el Gobierno busca concertar con el sector privado unas normas claras sobre el llamado lobby o cabildeo, de forma que los intereses privados no interfieran indebidamente en las decisiones del Estado. El mandatario también destacó que volverá la clase de civismo en los colegios.

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Así mismo, se fortalecerá el grupo anticorrupción de la Dijín. De hecho, de acuerdo con Santos, ya llegó nuevo personal y en los próximos días habrá más. Crearán el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto y al Congreso llegará un paquete de medidas anticorrupción, entre las que figura una de protección a denunciantes y que incentivará más la delación.

También, tramitarán la ley de ‘registro de beneficiarios reales’, que permitirá saber, en tiempo real, cuáles son las personas que se lucran de una empresa o negocio, con el fin de que no se puedan ocultar bajo compañías de fachadas o testaferros. Así mismo, se elimina la casa por cárcel para los corruptos.

Finalmente, habrá también un decreto que extiende a los entes territoriales y a las personas de derecho privado que administran recursos públicos la obligación de publicar toda la información relacionada con su gasto, sin excepción, en el Portal Central de Transparencia Fiscal del Estado.