Por ‘cartel de los enfermos mentales’ se habrían perdido $5.000 millones en Sucre

La Contraloría General de la República identificó irregularidades en la hospitalización, tratamiento y facturación de servicios a personas con afecciones mentales.

11.12.2017 10:37 Actualizado: 11.12.2017 10:37

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Tras una auditoría realizada al manejo de las regalías hecho por la Gobernación de Sucre, la Contraloría General de la República reveló las prácticas a través de las cuales se estructuró el denominado ‘cartel de los enfermos mentales’, que venía operando desde el año 2012.

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En diciembre de 2012, la Gobernación de Sucre pagó a favor de la Fundación Camino a la Virtud, más de 3.475 millones de pesos, por supuestos servicios de salud mental No POS, con recursos correspondientes a la Población Pobre No Asegurada – PPNA del Departamento.

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Sin embargo, al revisar la facturación mostrada por el ente territorial, la Contraloría General encontró que los soportes de 521 de las facturas corresponderían a servicios que nunca fueron prestados, pero por los que sí se pagaron más de 2.640 millones de pesos.

“En 236 de las facturas, que correspondían a supuestos tratamientos a enfermos mentales drogodependientes, usaron el nombre y la firma de un médico psiquiatra que para el momento de los hechos ni siquiera trabajaba con la mencionada Fundación”, indicó la Contraloría.

De la misma forma irregular, la Gobernación de Sucre suscribió acuerdos de pago con la mencionada Fundación por más de 5.751 millones de pesos, que resultaron ser de las vigencias 2010, 2011 y 2012, para ser pagados con recursos de la Población Pobre No Asegurada – PPNA.

Sin embargo, la Contraloría no pudo establecer la existencia física de las facturas que deberían soportar los pagos acordados por la Gobernación. A pesar de no existir las más de 527 facturas, la Gobernación accedió a los pagos suscribiendo un documento de Acuerdo de Pago a favor de la Fundación.

Uno de los médicos psiquiatras que supuestamente atendieron a la población desmintió que tales tratamientos se hubieran realizado, pues afirmó no solo que la caligrafía no correspondía a la suya, sino que él nunca había diligenciado esos formatos que se le exhibían. Así mismo aseguró que mucha de la terminología usada en los formatos no corresponde al lenguaje que en el ejercicio de su profesión utiliza.

“Ante la gravedad de los hechos evidenciados por la Contraloría, y que hoy son objeto de múltiples procesos de responsabilidad fiscal, el Contralor General Edgardo Maya Villazón solicitó el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, entidad a la que en su momento se le habían trasladado los hallazgos evidenciados previamente sobre la vigencia 2015”, puntualiza el informe del ente de control fiscal.