Cuando se habla de ejecución presupuestal en el país, a primera vista, las cifras muestran un logro que podría parecer positivo, ya que a agosto de este año, las obligaciones de pago de la Nación por la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) sin deuda ya alcanzaban el 51,7% del total.
Dicho en palabras simples, el Gobierno está ejecutando su presupuesto más rápido que en 2024 y a un ritmo que lo acerca al promedio de largo plazo; con lo cual, poco a poco se dejan atrás los fantasmas de la subejecución y se reduce el riesgo de que los rezagos presupuestales presionen el gasto el próximo año.
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Sin embargo, este dato tiene un reverso mucho más complejo, dado que la mayor ejecución no se explica por un repunte de los ingresos tributarios ni por una mejora súbita en el recaudo. Por el contrario, se estaría recurriendo a una práctica que si bien está permitida en las leyes presupuestales, a futuro podría agravar la crisis fiscal.
De acuerdo con un reciente análisis del Centro de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, el verdadero motor ha sido el acceso a liquidez proveniente de la deuda, teniendo en cuenta que en lo corrido del año hasta agosto, la emisión de TES de largo plazo creció 75% y la de TCO (TES de corto plazo) aumentó 153%. Es decir, la caja con la que el Gobierno está acelerando su gasto no es propia, sino prestada.
El problema de Petro:
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Los candidatos a ganar el balón de oro:
- Dembele
- Modric
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