Uso de $1,1 billones en subsidios para energía, aún sin justificar

Aunque el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía (MME), desembolsó entre 2012 y el 2016 poco más de $1,1 billones en subsidios para la compra de combustible y así garantizar el suministro de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas (ZNI) del país, no existe certeza si realmente se utilizaron esos recursos para tal fin.

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La conclusión se desprende del más reciente informe que sobre el tema desarrolló la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) y al cual tuvo acceso de forma exclusiva Portafolio.

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El estudio, denominado ‘Diagnóstico de la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica en las ZNI’, de la citada entidad, detectó la falta de información consistente y confiable por parte de las empresas que generan y distribuyen el servicio de energía en regiones apartadas del país.

“Llamó la atención que, por ejemplo, en materia contable, únicamente el 10,9% de los prestadores realizaron el reporte oportuno de la información financiera al Sistema Único de Información (SUI) de los años 2014 y 2015. Así mismo, se encontraron inconsistencias en los datos que se reportan para la asignación de esos subsidios por parte del MME”, señaló el superintendente, José Miguel Mendoza Daza.

El funcionario agregó que, además, hay dudas sobre la información reportada por algunas compañías que suministran el servicio, ya que informan el supuesto desarrollo de la operación “en localidades que no existen, o en aquellas donde no hay infraestructura para la distribución”.

“El Estado está entregando millonarios subsidios cargados al Presupuesto General de la Nación para garantizar el acceso al servicio de energía, pero hoy tenemos una gran duda si realmente estos dineros están siendo invertidos”, reiteró Mendoza.

Solo, en el 2016, la cartera minero-energética giró más de $255.000 millones en subsidios a los prestadores ubicados en las ZNI. Teniendo en cuenta que existen 213.987 usuarios en estas regiones, el costo anual del subsidio por usuario fue de $1.194.300. Esto contrasta con lo observado en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), en el que el costo anual del subsidio por usuario fue de $107.294, “once veces menos comparado con las ZNI” (correspondiente a 10.958.747 clientes y un total mayor a un $1.100 millones en recursos asignados).

“Los problemas de consistencia de la información reportada al SUI distorsionan el sistema de asignación de subsidios. Actualmente, por la presunta realización de reportes incorrectos en esta plataforma sobre la prestación del servicio en localidades en las que esto no sucedió, la Dirección de Investigaciones de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas formuló pliego de cargos en contra de la sociedad Gendecar E.S.P.” explicó Mendoza Daza.

De acuerdo con la información que reposa en el Sistema Único de Información (SUI) de la Superservicios y en las bases de datos del IPSE, en las ZNI residen alrededor de 1.900.000 personas y cubren una extensión correspondiente al 52% del territorio del país, incluidos un departamento insular (el Archipiélago de San Andrés y Providencia), cuatro capitales departamentales (Amazonas, Vichada, Guainía y Vaupés), 97 municipios, 37 cabeceras municipales y 1.728 localidades.

“Con respecto a la demanda de energía eléctrica en las ZNI, a partir de la información que reposa en el SUI, esta Superintendencia calculó que el 82,4% se encuentra ubicado en los departamentos de San Andrés y Providencia, Amazonas, Chocó y Nariño”, resalta el informe.

A renglón seguido, indica además que por oferta, en las ZNI existen 110 prestadores que suministran el servicio de energía eléctrica, quienes se encuentran sujetos a dos regímenes según el territorio nacional en el que operan: libre competencia y áreas de servicio exclusivo.

En cuanto a la calidad en el suministro, el diagnóstico de la Superservicios señala que son varias las empresas en la ZNI cuyo servicio prestado, en términos de horas, se ubica por debajo del estándar esperado a partir de la regulación vigente.

“De manera preliminar, y al igual que en los demás capítulos, se pone de presente que la falta de información confiable dificulta la realización de un análisis representativo e integral de lo que está sucediendo en las ZNI”, indicó el Superintendente.

El informe finaliza afirmando que si bien se han detectado una serie de fallas en la manera como se presta actualmente el servicio en las ZNI, son varias las entidades del Estado que se encuentran implementando políticas para mejorar esta situación. El citado diagnóstico “es un primer paso y se espera que, a corto plazo, los diferentes proyectos permitan energizar estas zonas de una manera más completa y con una mejor calidad”.

Redacción Portafolio