‘Mi hijo colombiano sigue secuestrado en Venezuela'

Ha bajado ostensiblemente de peso, ha sufrido enfermedades como una alergia respiratoria y escabiosis (sarna), está deprimido y desilusionado, así describe Omar el estado físico y sicológico de su hijo Juan Pedro Lares Rangel, 'secuestrado', según su opinión, en la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas.

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Esto no tendría nada de raro en un país en donde las autoridades se han encargado de enjuiciar, perseguir y encarcelar a todo lo que huela a oposición, sino porque Juan Pedro fue retenido en un principio como 'moneda de cambio' por su padre, quien ese 30 de julio pasado se desempeñaba como alcalde del municipio de Campo Elías, que pertenece al Estado Mérida, fronterizo con Colombia.

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El gobierno venezolano trató de apresar a Omar por supuestamente ser el cabecilla y financiador de las protestas que se dieron en el primer semestre de ese año en su municipio, y en general en todo el país, y en las que murieron más de 120 personas y otras miles fueron encarceladas y hasta desaparecidas, y fue allí cuando capturaron a su hijo.

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Omar cuenta que ese 30 de julio pasadas las dos de la tarde estaba preparándose para ducharse y salir para la alcaldía cuando de repente sintieron golpes en la puerta de la casa, bulla y gritos y era un grupo mixto de Sebin, la guardia nacional, policía de inteligencia y algunos grupos colectivos chavistas que habían llegado a apresarlo sin orden de detención, ni de allanamiento ni nada, como ordena la ley.

“Emprendimos la huida con mi señora y uno de los hijos (el menor) porque Juan Pedro dijo que a él no le pasaba nada, que venían era por mí. Nos montamos en los techos de las casas de los vecinos y quise irme por un lado pero había dos guardias apuntándome. Me fui por otro lado y logramos escapar. Mientras tanto a él lo apresaron, lo maltrataron y le pusieron un mortero en la foto para justificar la detención e inmediatamente se lo llevaron para Caracas en un avión”, cuenta Ómar.

Relata que mientras tanto él para poder salir de la población y emprender camino a Cúcuta tuvo que hacer un trayecto en moto, otro en carro y pasar las alcabalas caminando hasta llegar a San Antonio el 2 de agosto, por donde cruzó el puente internacional e hizo sellar su pasaporte, lo único que pudo rescatar, ya que las autoridades se quedaron con todas sus pertenencias, incluidos documentos y tarjetas de crédito.

“A los pocos días su familia recibió la llamada de un militar que decía que si yo me entregaba ellos devolverían a mi hijo, pero no lo hice porque ahora estuviéramos los dos presos”, agrega Omar.

Como su hijo tiene la nacionalidad colombiana acudió a la cancillería colombiana a pedir ayuda, pero aunque han sido muy amables y los han acompañado en las tres visitas que le han permitido hacer a la madre de Pedro Juan, estos han realizado informes físicos y sicológicos pero no jurídicos, que es lo que más le interesa a Omar.

El exalcalde de Campo Elías afirma que su hijo es un preso político y por esto la Cancillería podría hacer más por su liberación de acuerdo a la propia Constitución colombiana y a tratados internacionales. Por esto motivo, ya envió seis derechos de petición a la entidad a diferentes áreas pero siempre recibió las mismas respuestas y en las últimas semanas decidió enviar una tutela, la cual según confirmó el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a Portafolio.co ya le fue contestada al juez.

Además acudió a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para hacer conocer el caso, “ya que como no me capturaron lo hicieron con un familiar. Es un rehén sin delito conocido, sin juicio, nada, todo es contrario a la ley”, añade el atribulado padre.

Consultado sobre el caso, el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia respondió que al conocerse la detención de Juan Pedro, el Consulado de Colombia en Mérida brindó la asesoría jurídica y asistencia pertinente a su madre, la señora Ramona Rangel Colmenares.

Agregó que al ser haber sido trasladado a la ciudad de Caracas, a través del Consulado y la Embajada de Colombia en esa ciudad “se ha brindado asistencia jurídica y social al connacional y sus familiares, acompañando el desarrollo del proceso legal, requiriendo a las autoridades venezolanas el respeto al debido proceso y las garantías procesales y atendiendo los demás requerimientos frente al caso de la referencia”, y que así lo seguirá haciendo.