Superindustria formula pliego de cargos contra presunto 'cartel de puertos'

Ocho empresas y dos gremios habrían acordado un cobro adicional a las maniobras realizadas por los pilotos prácticos en algunos puertos del país.

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22.06.2016 07:52 Actualizado: 22.06.2016 07:52

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra dos gremios, ocho empresas y once personas naturales vinculadas a la prestación del servicio público de practicaje en diferentes puertos colombianos, por infracciones del régimen de protección de la libre competencia económica, consistentes en la presunta cartelización empresarial para la fijación de precios y otras infracciones.

Según el pliego de cargos, los investigados, con el fin de cubrir los gastos administrativos inherentes al servicio público de practicaje, el cual resulta necesario para el movimiento de las naves en los puertos marítimos nacionales, habrían acordado el cobro de una tarifa adicional equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de cada maniobra de practicaje.

Las empresas vinculadas a esta investigación,prestan el servicio público de practicaje en los puertos de Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla y Turbo.

Las firmas de practicaje habrían realizado el presunto acuerdo anticompetitivo durante una reunión de junta directiva de Aceprac llevada a cabo el 25 de enero de 2012, a la que habría asistido además el presidente de Anpra, de modo que estas asociaciones habrían servido como escenario para la definición del presunto acuerdo anticompetitivo.

La actuación administrativa se inició como consecuencia de la queja presentada en el 2012 por la Asociación Nacional De Navieros (Asonav), en la cual informó que ANPRA Y ACEPRAC le comunicaron de manera conjunta la implementación del cobro adicional.

En el evento en que el proceso administrativo sancionatorio termine declarando que existió violación del régimen de libre competencia económica, la Superintendencia puede imponer las siguientes multas:

- A las personas jurídicas, una multa de hasta $68.945’400.000 por cada infracción.

- A las personas naturales, una multa de hasta $1.378’908.000.