Tarifas locales en aeropuertos reducen la competitividad turística

Los cargos cobrados por las autoridades de Antioquia, San Andrés y Providencia, Norte de Santander y Amazonas afectarían la demanda.

21.05.2017 20:25 Actualizado: 21.05.2017 20:25

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Esfuerzos del sector público y privado están haciendo del turismo uno de los protagonistas en la economía nacional.

De hecho, ya es el segundo generador de ingresos de divisas, después del petróleo. Sin embargo, nuevas tasas administrativas estarían poniendo en riesgo la competitividad de algunos destinos. Se trata de tarifas que se están cobrando en la entrada de cuatro aeropuertos: Rionegro (Antioquia), Cúcuta (Santander), San Andrés y Leticia (Amazonas).

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Y es que según cálculos de la Asociación de Transporte Aéreo en Colombia (Atac) por cada incremento del 7% al precio final de un tiquete de avión, la demanda de viajeros disminuiría 10%.

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Dichas tasas son impuestas por las administraciones locales y tienen diferentes fines, entre ellos el financiamento de obras viales, desarrollo agropecuario, educación e incluso, la provisión de agua potable; además de la financiación de proyectos turísticos

LOS COBROS

El primero, el de la terminal José María Córdova (Rionegro), es el más reciente y por el que las aerolíneas vienen dando una pelea para frenarlo, pues argumentan que la finalidad del dinero recaudado no tiene nada que ver con las terminales o la operación aérea.

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El cobro se definió bajo el marco de un convenio con la Gobernación de Antioquia para cofinanciar el proyecto Conexión Vial Aburrá Oriente - Túnel del Oriente, con un total de 120.000 millones de pesos. La suma se recaudaría durante seis años o hasta que se “recojan los recursos necesarios”, indica en un documento la Aeronáutica Civil.

Hasta el momento, la Atac ya ha interpuesto una demanda y una solicitud ante el Consejo de Estado, alegando de la inconveniencia de la tasa.

La segunda es la tarjeta de turismo de San Andrés, que el año pasado tenía un costo de 47.000 pesos y para abril de este año ya tiene un precio de $105.000 pesos. “Creemos que esa decisión hace al destino menos competitivo y encarece los costos. Además, esa tarjeta dice ser con fines turísticos y realmente la inversión en atractivos y en desarrollo no se ve”, comentó al respecto Gustavo Toro, presidente de la Asociación Hotelera de Colombia (Cotelco).

Para el directivo, aunque todavía hay un rezago con el agua potable y la electricidad, las tasas de ocupación de la isla superan en casi 30% a la media nacional, que fue de 56,2% en el 2016, mostrando el potencial de este destino.

Y, sin ir tan lejos, según la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el destino de San Andrés fue el segundo más vendido para la temporada de Semana Santa en abril de este año.

El tercer cobro es el de la ‘Estampilla pro desarrollo fronterizo’ del aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta, que cobra 6.000 pesos a todos los pasajeros que entren por la terminal, con el objetivo de financiar el desarrollo agropecuario, de vías, agua potable y hasta educación. Y solo en el 2016, esa tasa le significó al departamento un ingreso de más de 6.000 millones de pesos.

El cuarto cobro es el del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, de Leticia, que agrega la tarifa ‘Contribución por Turismo’. Por esta se cobran 25.000 pesos por pasajero, y aunque -como su nombre lo indica– el departamento dedica este dinero para fines turísticos, no hay cuentas claras que señalen el destino de ese dinero.

Ante esta situación, los gremios proponen que este tipo de tasas sean reguladas para que no intervengan con el crecimiento turístico de estas zonas, que tienen un gran potencial.

Para citar un ejemplo de las consecuencias positivas de la promoción de este sector, un estudio de Fedesarrollo dice que por cada peso gastado en el transporte aéreo, se generan 11.000 pesos más en su derrame económico.

“Estamos trabajando para darles solución a todas estas problemáticas en los diferentes departamentos y gestionar la creación de políticas claras que beneficien al sector”, concluyó Paula Cortés, presidenta de Anato.

María Camila González

marola@eltiempo.com