Ley de competencias plantea lupa estricta de la Contraloría

El proyecto de ley propone categorizar las entidades por sus capacidades y atributos.

Regiones y recursos públicos en las regiones. Foto: Imagen generada con Inteligencia Artificial - ChatGPT

08.09.2025 09:18 Actualizado: 09.09.2025 11:00

Luego de ocho meses de haber sido aprobado el Acto Legislativo avaló la reforma al Sistema General

de Participaciones, para que de forma progresiva el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación

lleguen a las regiones, Portafolio conoció el borrador del proyecto de ley de competencias que se está socializando para ser radicado ante el Congreso de la República.

El documento, que tiene 176 páginas, señala que para la fase de transición de 12 años que se determinó, se partirá de una base inicial que se calculará con los ingresos que tenga la Nación en el 2026, para lo cual se hará un número igual de incrementos del porcentaje, hasta llegar al que se estableció en el Acto Legislativo 03 de 2024.

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Dentro de los puntos más destacados, el borrador del proyecto de ley reitera la necesidad de equilibrar la presión de las regiones por más recursos con la capacidad fiscal limitada de la Nación, al tiempo que establece una categorización de departamentos, distritos y municipios, orientada al reconocimiento de sus capacidades.

Así, para los distritos y municipios el documento establece las categorías de Distrito Capital, ciudades grandes, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5, mientras que los departamentos estarán clasificados en tres categorías.

“La metodología deberá incluir las condiciones para la actualización obligatoria de la categorización de que trata este artículo, la cual deberá revisarse al menos cada tres (3) años”, señala uno de los apartes del documento, que explica que el acto administrativo de esta metodología deberá ser socializado, antes de su expedición, por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

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Otro aspecto relevante es que los recurso del SGP no se entregarán de manera uniforme, ya que el proyecto de ley propone un sistema de participaciones diferenciadas, de tal forma que, por ejemplo, los municipios recibirán una participación de propósito general, con autonomía de destinación, buscando darles libertad para atender funciones descentralizadas y proyectos prioritarios en cada territorio.

A su turno, para los departamentos se plantea que accederán a una participación de desarrollo económico, destinada a financiar proyectos de carácter regional, supramunicipal y a cerrar brechas económicas intradepartamentales.

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Por su parte, los territorios indígenas tendrán una asignación directa, calculada con criterios de población, dispersión geográfica y pertinencia cultural. Además, gozarán de autonomía para planear y ejecutar sus recursos, respetando sus sistemas de conocimiento y planes de vida.

“Esta diferenciación responde a la apuesta por una descentralización asimétrica, en la que se reconoce que no todos los territorios tienen las mismas capacidades ni enfrentan los mismos desafíos”, se resalta del documento.

La institucionalidad

Un pilar del proyecto de ley de organización del SGP será la creación del Fondo Especial de Ingresos y Transferencias, para lo cual se define que los ciudadanos y entidades territoriales consulten en tiempo real los movimientos de los recursos, sus ahorros y desahorros, así como los rendimientos financieros, con un modelo de vigilancia a cargo de la Contraloría General de la República.

“La Contraloría General de la República ejercerá el control fiscal sobre los recursos del FEIT-SGP”, explica el artículo 110 del borrador del proyecto de ley.

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“La Contraloría General de la República, en el marco de sus competencias y funciones, requerirá a las entidades territoriales la información necesaria que permita identificar con precisión el recaudo y uso de los recursos que se administran a través de los fondos de que trata el presente artículo”, señala un parágrafo del artículo 120 del proyecto, relacionado con los fondos de salud.

Asimismo, el proyecto de ley crea el Sistema de Autonomía y Descentralización Territorial, como mecanismo de articulación. En este sentido, se explica que a nivel nacional lo integrarán ministerios como el de Hacienda, Salud, Educación y Vivienda, además del Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Entre tanto, a nivel territorial, participarán autoridades de planeación y gobiernos indígenas.

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El articulado explica que este sistema garantizará que la transferencia de recursos se acompañe de asistencia técnica, acompañamiento financiero y coordinación intergubernamental, evitando que los municipios más débiles queden rezagados.

Sobre la destinación de recursos, el proyecto define que el SGP seguirá financiando los sectores sociales que concentran la mayor parte del gasto territorial. Así, para Educación el objetivo es la ampliación de cobertura y mejora en calidad, en salud la continuidad de la prestación de servicios y cierre de brechas de acceso, y en agua potable y saneamiento básico el acceso universal y los servicios sostenibles.

Ómar G. Ahumada Rojas

Editor general de Portafolio

Leidy Julieth Ruiz Clavijo

Periodista de Portafolio