Suspendido el gobernador del Chocó y otros indagados por sobrecostos
Procuraduría, Fiscalía y Contraloría entregaron detalles de las acciones para la transparencia en tiempos del coronavirus.
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La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, acordaron trabajar de manera conjunta en un programa de vigilancia y control denominado “Transparencia para la Emergencia”, con el fin de vigilar los extarordinarios recursos que han dispuesto para atender la pandemia provocadada COVID19 en el país, y ya presentaron los primeros resultados de ese trabajo coordinado.
En rueda de prensa este viernes a mediodía, las tres entidades de control anunciaron que han identificado hasta el momento un total de 53 procesos contractuales que suman una cuantía de 135.000 millones de pesos (($135.918'838.213).
Anunciaron la suspensión del gobernador del Chocó (Ariel Palacio), por un periodo de tres meses, e indagaciones por sobrecostos a sus colegas de los departamentos de Arauca (Facundo Castillo Cisneros), Cesar (Luis Alberto Monsalve), Magdalena (Carlos Caicedo), Tolima (Ricardo Orozco), San Andrés y Providencia (Everth Hawkins) y Vichada (Álvaro León).
El gobernador del Chocó, Ariel Palacio, fue suspendido tras la firma de un contrato de 2.000 millones de pesos que, hasta el momento, no ha sido debidamente justificado.
El gobernador de Arauca, Facundo Castillo Cisneros, acaba de ser notificado de la investigación y medida cautelar que le impusieron la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía por irregularidades en la firma de contratos para adquirir mercados y otras ayudas para la población más vulnerable de su departamento. La Contraloría le inició juicio fiscal por 1.050 millones de pesos.
En el caso del gobernador del Tolima, lo enredó el contrato por 1.020 millones de pesos que se destinaron para un plan de comunicación, en plena pandemia.
Su colega de Casanare, Salomón Sanabria, deberá responder por un contrato de 8.181 millones de pesos para raciones.
En cuanto a los municipios, aparecen entre los indagados Malambo, Soledad, Tocancipá, Girón, Barrancabermeja, Puerto Gaitán, Coveñas, Soacha, Cota, Puerto Escondido y Mapiripán, según los tres entes de control.
Carlos Felipe Córdoba Larrarte, contralor General de la República, reveló que continúa en la acción preventiva sobre 17.486 contratos a nivel nacional relacionados con la emergencia, se tienen 50 casos en análisis, de las cuales se han iniciado 21 actuaciones especiales en la Unidad de Reacción Inmediata de la DIARI, 7 indagaciones preliminares en la Unidad de Responsabilidad Fiscal, y en la Unidad de Investigaciones Especiales se tramitan 21 indagaciones y 1 proceso de responsabilidad fiscal en la Unidad Anticorrupción.
La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrillo Flórez, anunció que ha asumido más de 990 acciones preventivas a nivel País. En materia contractual se han analizado 5586 contratos por un valor de 1.4 Billones de pesos, 18% a nivel nacional y 82% a nivel territorial. Priorizó para tramite inmediato 588 casos. En materia disciplinaria ha abierto 116 indagaciones para evaluar el tramite a juicio disciplinario y 7 investigaciones que avanzan en recaudo probatorio.
Por su parte, el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado, reveló que la entidad ha adelantado una verificación sobre 909 contratos, de los cuales se adelantan 63 iniciativas investigativas, se han abierto 38 procesos en etapa de indagación preliminar por presunta violación a los principios de la contratación estatal en contratos celebrados entre municipios y gobernaciones, dos (2) indagaciones preliminares relacionadas con entidades del Orden Nacional, se iniciaron cinco (5) indagaciones en contra los Gobernadores del Departamento de Arauca (2), Magdalena, San Andrés y Vichada.
Para combatir la corrupción con los recursos destinados a cuestiones humanitarias por la pandemia, los entes anunciaron que se crearon crearon mesas técnicas permanentes con participantes de las tres instituciones, quienes en el marco de sus competencias priorizan el estudio de casos que generan alertas en cada una de ellas, con el fin de cooperar y fortalecer las investigaciones relacionadas con los recursos públicos destinados para la población afectada por la pandemia.
Anunciaron, en un comunicado conjunto, que hasta el momento se han llevado a cabo dieciséis (16) sesiones de mesas técnicas entre los funcionarios destacados por cada entidad para articular esfuerzos conjuntos, quienes están unificando criterios para establecer posibles irregularidades en la contratación estatal.
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