Lo que debe saber sobre el estado de emergencia económica
Conozca en este abecé cuáles son las herramientas que tiene el Gobierno tras esta declaratoria.
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El presidente Iván Duque declaró este miércoles el estado de emergencia económica y social en el país, mecanismo que le permitirá tomar decisiones ante la emergencia sanitaria por cuenta del coronavirus.
(Gobierno anunció medidas económicas y sociales por coronavirus).
Vea cuáles son las preguntas más frecuentes sobre el tema.
¿Qué es una declaratoria de Estado de emergencia?
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, cuando se presentan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico y social o que constituyan una calamidad pública, el Presidente podrá declarar Estado de Emergencia, lo que le permitirá un actuar ágil y eficiente para hacer frente a la situación de crisis y a su vez, minimizar la expansión de los efectos de esta, mediante la expedición de decretos con fuerza de ley.
¿Por qué se decidió?
El país está atravesando por una combinación de situaciones complejas que amenazan perturbar gravemente su orden económico y social.
Puntualmente el COVID-19, la volatilidad internacional de los precios del petróleo y la incertidumbre de los mercados financieros, implican retos importantes e inmediatos para el Gobierno nacional.
(Gobierno declara estado de emergencia).
Como Estado, Colombia debe garantizar la prestación de los servicios requeridos para atender la emergencia sanitaria, aliviar los efectos adversos sobre los hogares y empresas y dar los insumos necesarios para mantener y restablecer la actividad económica del país dependiendo de la evolución de la pandemia.
¿En qué consiste la estrategia que adelantará el Gobierno con la declaratoria de emergencia?
La prioridad es atender las necesidades y requerimientos del sector salud relacionados con la pandemia, esto se traduce en la expansión de la capacidad diagnóstica del país y el fortalecimiento de la red de Unidades de Cuidados Intensivos.
Así mismo, se reducirá el IVA a las importaciones de elementos para la prestación de servicios de salud y de esta forma garantizar su abastecimiento. Adicionalmente, hay una serie de medidas que buscan reducir el impacto social y económico derivado de esta situación y proteger el empleo y la producción.
Dentro de estas medidas se encuentra garantizar la provisión de recursos económicos para la población vulnerable no asalariada que pueda ser afectada por esta situación, así como la ampliación de transferencias monetarias de los programas de Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción.
Otra medida radica en mantener las relaciones crediticias de los hogares y empresas, a través de la promoción de líneas de crédito y garantías para que la micro y pequeña empresa, y los hogares puedan cumplir sus obligaciones financieras.
¿De dónde saldrán los recursos para atender la emergencia?
El Gobierno General cuenta con los recursos para gastar con responsabilidad fiscal y atender las necesidades que demanda la coyuntura actual.
En efecto, el Estado cuenta con activos financieros importantes para solventar las necesidades de gasto derivadas de la pandemia y respaldar el restablecimiento de las relaciones crediticias de los hogares y las empresas colombianas.
Estos recursos provendrán del Fondo de Ahorro y Estabilización que aportará $12.1 billones y los aportes al FONPET que alcanzan los $2.7 billones.
Así mismo, el Estado cuenta con fuentes de capital correspondientes a $4 billones en activos que permitirán otorgar garantías por un monto máximo de hasta $48 billones.
¿Cómo afectan estas medidas las necesidades de financiamiento de la Nación?
Las medidas de financiamiento para atender la estrategia de la emergencia económica corresponden principalmente a una estrategia óptima de utilización de los activos del Estado colombiano.
Por tanto, las medidas no implican una mayor necesidad de financiamiento del Gobierno nacional ni presiones en el mercado de TES. De esta manera, la atención de las necesidades adicionales actuales no pone en riesgo la sostenibilidad de la política fiscal del país.
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