Proyecto de decreto propone 2 esquemas para que el Estado cubra riesgo de las pensiones ligadas al salario mínimo

Una opción sería un pago único por el faltante actuarial; la otra contempla giros anuales según pagos y reservas.

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El Ministerio de Hacienda propone modificar las reglas que determinan cómo la Nación cubre el riesgo de que los aumentos del salario mínimo superen la inflación y afecten la financiación de las pensiones vitalicias.
El proyecto de decreto plantea dos modalidades para reconocer esa cobertura a las aseguradoras: un pago único del faltante actuarial de las reservas o pagos anuales que contemplen la diferencia de las mesadas y la constitución o actualización de una reserva a cargo del Estado.
La iniciativa busca ajustar el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo, que protege a las compañías aseguradoras frente al impacto financiero de los incrementos de las mesadas por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El documento plantea que el Gobierno asuma ese riesgo mediante reglas que tengan en cuenta tanto las condiciones técnicas de las rentas vitalicias como la situación presupuestal y fiscal de la Nación.
El proyecto sustituiría el Título 17 del Decreto 1833 de 2016, que compila las normas del Sistema General de Pensiones, y modificaría disposiciones introducidas por el Decreto 1485 de 2025. La propuesta todavía corresponde a un borrador normativo, por lo que sus medidas no deben interpretarse como reglas definitivas ni como compromisos de pago ya aprobados.
La primera alternativa consiste en efectuar un pago único equivalente al valor presente actuarial del faltante de la reserva que deben constituir las compañías de seguros. Este esquema busca reconocer en un solo desembolso el valor calculado para cubrir la diferencia financiera asociada con las obligaciones de las rentas vitalicias amparadas por el mecanismo.
La segunda opción contempla pagos anuales del diferencial de las mesadas, junto con la constitución o actualización de una reserva a cargo de la Nación. En este caso, el mecanismo combinaría los recursos asociados con las diferencias de las prestaciones con una reserva matemática destinada a respaldar las obligaciones correspondientes, bajo las condiciones técnicas previstas en la propuesta.
El documento señala que la reserva estaría a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Su cálculo, constitución, administración y actualización seguirían criterios de suficiencia actuarial, sostenibilidad, neutralidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos. También se buscaría garantizar la trazabilidad y la coherencia entre las reservas y las condiciones técnicas de las rentas vitalicias inscritas.
La propuesta contempla, además, que la reserva matemática a cargo de la Nación tenga la calidad de activo admisible para efectos del régimen prudencial de las aseguradoras. Esto resulta relevante porque las compañías deben respaldar las obligaciones asumidas con sus pensionados y beneficiarios. El diseño de la cobertura busca precisar cómo se reconoce el respaldo estatal dentro de ese marco financiero y regulatorio.

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