Protección social y competitividad

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El Consejo Privado de Competitividad acaba de lanzar su informe dedicado a analizar el vínculo entre seguridad social y competitividad de los países; y explora los impactos que tiene la situación social de la población en la eficiencia productiva.
Presentó el informe el ex ministro chileno Andrés Velasco, quien sostuvo que una red social de protección es necesaria, además de motivos éticos de justicia también por razones políticas, para evitar la inestabilidad, que a su vez afecta la eficiencia productiva: “una red social que garantice salud, educación, acceso a servicios y previsión para el retiro –dijo Velasco– permitirá el desarrollo del talento de personas de menores recursos”. Recomendó además diferenciar la política social de transferencias monetarias respecto de la política productiva, pues existe el riesgo de que ayudar a pequeñas empresas sin condicionarlas a invertir en tecnología, las incentiva a mantenerse subdesarrolladas.
Al comentar el informe, el Presidente de la República reiteró el compromiso de pasar de la posición 68 del Indice Mundial de Competitividad al puesto 47, al término de su gobierno, aunque advirtió que hay indicadores en los que el país está mal calificado, por problemas de medición: al fundar las evaluaciones en encuestas de percepción de seguridad, no se evidencia la mejoría lograda en indicadores objetivos.
El Presidente reconoció, en cambio, que las falencias en infraestructura son abrumadoras, que los costos de las concesiones suelen incrementarse abismalmente y admitió que nuestra justicia es lenta y enfrenta un rezago que explica la mala calificación internacional.
A este respecto defendió la reforma a la justicia que hace trámite, y el proyecto de ley de arbitraje que busca colocar al país en niveles internacionales.
Destacó que al eliminar el incentivo económico a las acciones populares, estas cayeron en un 95 por ciento, ya que estaban capturadas, por lo que denominó una mafia de abogados y jueces.
De similar manera, el mandatario aceptó que la mala calificación que el país recibe corresponde con la persistente y extendida presencia de hechos de corrupción y destacó que hacia el futuro el país necesita mantener una política de formalización laboral no sólo porque ello condiciona la eficiencia productiva, sino que adicionalmente si se mantiene el gran volumen de trabajadores informales, la sostenibilidad financiera del sistema de salud y seguridad social está en cuestión.
Finalmente, todos los ponentes coincidieron en calificar de regresiva la situación pensional en la que un grupo privilegiado –y se señaló específicamente al de los jueces– se conceden jugosas pensiones que terminan siendo pagadas por el aporte de todos los ciudadanos.
Y coincidieron también en señalar que con formas de trabajo temporal e inestables tan extendidas, la mayor parte de la población no logrará reunir las aportaciones que le garanticen el disfrute de una pensión.
 
 
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