Ratones cuidando el queso

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El ahorro es un bien público. Por mandato constitucional, el Estado debe regularlo y, por ello, está prohibida la captación de recursos por particulares, como ocurrió con la Caja Vocacional de monseñor Gaitán Mahecha y las pirámides de DMG y Madoff.
En InterBolsa se hicieron operaciones irregulares y a las autoridades encargadas de supervisarla les cabe gran responsabilidad: se trata de una entidad que manejaba el 35% del mercado, las 4.500 reclamaciones ascienden a $7,2 billones, y todo indica que estamos ante la punta del iceberg.
Y la Bolsa Nacional Mercantil, con participación pública, también está involucrada.
La acción de Fabricato, empresa con reconocidos problemas de eficiencia y rentabilidad, pasó de $20 a $91 en pocos meses; el 50% estaba en manos de los acreedores y se realizaron movimientos de capital desde y hacia fondos Premium en el exterior.
Resulta incomprensible que el señor Mejía Puentes, quien antes de la caída se desempeñaba como contralor normativo de la firma, haya sido nombrado en dicho cargo a pesar de estar sancionado por el autorregulador del mercado de valores.
La Superintendencia de Valores reveló en el 2002 que InterBolsa no llevaba la contabilidad de acuerdo a la ley, no registraba las acciones que transaba por cuenta propia, daba al dinero de los clientes una destinación distinta a la convenida, usaba dinero de los clientes para sus operaciones propias y hacía operaciones no representativas del mercado.
Como lo recordado Jorge Taboada, dichos comportamientos recibieron una multa pírrica de $160 millones y suspensión de 3 días, la cual se cumplió el 22, 23 y 24 de diciembre del 2003. InterBolsa tuvo utilidades ese año por $10.000 millones.
En agosto del 2007, el Gobierno exigió la renuncia al superintendente Augusto Acosta y a los funcionarios que investigaban la identidad de los verdaderos dueños de las acciones de InterBolsa y de los comisionistas que querían fusionarse para crear la firma Proyectar Valores.
Apenas dichos funcionarios fueron despedidos, la fusión fue aprobada, y el proyecto de ley de mercado de valores diseñado en el 2002 establecía un periodo fijo para el Superintendente de Valores, hoy Financiero, para sustraerlo de las presiones políticas.
Pero al convertirse en Ley 964 de 2005, el Gobierno eliminó dicha propuesta.
Entre el 2005 y el 2012, se expidieron 200 decretos regulatorios del mercado de capitales, pero resulta evidente que han sido ineficaces, pues el Estado no cumplió adecuadamente su función regulatoria. Como suele ocurrir, la innovación suele ir delante de la regulación, como lo vivimos hace tres décadas con los autopréstamos de Michelsen Uribe.
Ha sido un gravísimo error confiar a los agentes del negocio la función de autorregularse.
Sería recomendable que el Banco Central o un organismo independiente, como la Crec, sean los que regulen los mercados financieros.
Beethoven Herrera Valencia
Profesor de las Universidades Nacional y Externado.
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