Ajustes en la realidad tributaria

Considero de suma importancia que el país realice una reforma tributaria de carácter estructural, que no sólo permita aumentar los recaudos, sino que promueva una mayor equidad. La última administración contribuyó, como ha sido señalado por casi todos los analistas, a volverla más compleja y menos equitativa.

Por eso me ha parecido una equivocación no aprovechar el inicio del Gobierno, con su aire reformista, para plantearle al Congreso una reforma tributaria seria y de largo alcance. Se ha sostenido que el tema será abordado el año entrante, cuando la agenda legislativa esté menos congestionada.

Quiero reconocer que la decisión del Gobierno probablemente sea la más adecuada. El primero de enero del 2011 se darán una serie de ajustes a nuestra realidad tributaria, que en su conjunto la modificarán en la dirección correcta, lo cual sucederá por dos motivos: primero, algunas de las normas promovidas por el anterior Gobierno llegarán a su fin, como el beneficio de auditoría tributaria, si su declaración aumenta en 5 veces la inflación, la Dian sólo tendrá 6 meses para revisarla, y si no lo hace quedará en firme.

La exención al 100 por ciento de las inversiones en capital realizadas por medio de leasing se aplicará sólo al pago de los intereses.

Segundo, varias de las leyes presentadas contienen o se anuncia que tendrán ajustes a las normas que en su conjunto implicarán modificaciones en temas de recaudo: un mecanismo en la ley de tierras para aumentar la base del avaluó catastral, lo cual implicará un incremento en el valor del patrimonio de las tierras, en la ley de primer empleo, al proponer la exención por contratación de jóvenes, se elimina la de reinversión de utilidades para el sector minero y se disminuye al 10 por ciento para el resto de ramos.

Además, se hacen ajustes a los beneficios de las muy discutidas zonas francas y, finalmente, enla reforma a la salud, es previsible que se realicen modificaciones para mejorar la financiación del sector.

En conjunto, todos estos ajustes, unos ya previstos en las normas y otros promovidos en varias de las reformas, tendrán un impacto no despreciable en nuestra realidad tributaria. Cuando se aborde la discusión sobre la estructura tributaria, se hará sobre la base de una realidad, donde los intereses particulares ya tendrán menos beneficios y, eso, en la práctica, hará más fácil la discusión sobre el desmonte de los otros auxilios.

Ojalá en el 2011 el Gobierno tenga entre sus prioridades legislativas una reforma tributaria seria y responsable. La mayor parte de los estudios que se han realizado sobre el tema y las opiniones de los expertos señalan que esta, de suceder, debería moverse en tres ejes conductores: uno, ser comprensiva y contribuir a simplificar nuestro sistema, abordando no sólo los tributos nacionales, sino de forma global los municipales, los departamentales y la discusión de las tasas y sobretasas que hoy existen para varios sectores.

Dos, debería acercar a nuestro país a un nivel de recaudo, en relación con el PIB del orden del 20 por ciento, el promedio de la región, y no el 16 ó 17 por ciento que presentamos hoy. Tres, contribuir con su estructura y articulado a una sociedad más equitativa, donde quienes tienen más recursos paguen de forma real y efectiva tarifas mayores a quienes cuentan con menores ingresos. Ojalá el espíritu reformista de la actual administración incluya en la agenda del Congreso una reforma de este tipo.