Gerencia para la justicia

 

La justicia es el gran reto a ser abordado y, ojalá, resuelto por el Gobierno, el Congreso, las altas cortes y el país en general.

La Constitución del 91 contiene muchos aciertos y avances en el tema, pero el diseño institucional para administrar los recursos de la rama ha sido un desastre.

El Consejo Superior de la Judicatura es, consistentemente, el órgano judicial con peor imagen en los sondeos de opinión. Es origen de cantidad de escándalos, en particular por la manera como algunos de sus miembros ejercen de forma abusiva el poder y la confianza que en ellos recae.

Un cuerpo colegiado, compuesto exclusivamente por abogados, no es buena fórmula para las tareas de gerencia requeridas por la justicia colombiana.

Este diagnóstico ya había sido realizado en el 2002 y se hizo una promesa electoral de acabar con este organismo.

Pero luego, el político de marras prefirió conservar la institución y aprovecharse, o por lo menos cohonestar, sus malas prácticas.

Es necesario mantener una justicia garantista, con equilibrio de poderes, demarcando mejor las funciones de algunas de las cortes, así como realizar una discusión sobre la tutela, evitando algunos de los abusos que en su nombre se comenten.

Pero los temas de gerencia son vitales: la planificación de los recursos financieros, humanos y físicos con que cuenta y la existencia de metas y mecanismos de evaluación son temas para los cuales se requiere no sólo de una estructura diferente, sino del concurso de profesionales de áreas distintas: ingenieros industriales, administradores, politólogos, economistas.

Las asignaciones presupuestales han sido crecientes y, comparadas en términos reales, hoy son más de tres veces con las que se contaba en 1990. Sin embargo, no existen evaluaciones comprensivas que nos digan si el esfuerzo fiscal realizado se ha traducido en mayores resultados. Los colombianos pagamos los impuestos con los cuales la rama ejerce sus funciones, por lo que sus directivos deberían hacer mayores esfuerzos no sólo por rendir cuentas, sino por hacer el uso más eficiente y eficaz de sus recursos.

Los criterios jurídicos son importantes y necesarios para esta discusión, pero no pueden ser los únicos.

Colombia requiere de una justicia pronta, eficaz y eficiente. Para hacerlo se necesita una gerencia verdadera, con un mejor diseño institucional, planes de mejoramiento, análisis de procesos y todos los instrumentos de la gerencia moderna y del buen gobierno que en otras aéreas del sector público ya se están utilizando. Los jueces deben ser autónomos a la hora de fallar, pero ello no implica no estar sometidos, como funcionarios públicos a mecanismos de seguimiento y control sobre el uso de los recursos confiados a su responsabilidad.

Ojalá en la discusión de los próximos meses la gerencia de la justicia esté en el centro del debate.