El avance del catastro
Solo algo más del cinco por ciento del territorio nacional tiene un catastro actualizado.
El Gobierno firmó el Decreto 148 de 2020, que establece las reglas de juego que fijan el catastro como servicio público, describe los procedimientos y establece las normas en materia de inspección, vigilancia y control. Este hecho hace parte del avance en la política hacia una actualización de predios multipropósito que anunció la Casa de Nariño el año pasado.
El catastro constituye una poderosa herramienta para que, a través de un inventario organizado, el Estado identifique, conozca y comprenda todos los predios, lotes y baldíos rurales y urbanos que tiene el país. Este instrumento ayuda a fortalecer la seguridad jurídica de esos inmuebles y a organizar y planificar políticas como las de servicios públicos.
El catastro multipropósito es una necesidad sentida del país. Solo algo más del cinco por ciento del territorio nacional tiene un catastro actualizado. La meta del Gobierno es aumentar este porcentaje a 60 por ciento en 2022 y a la totalidad de los predios en 2025 con el trabajo de siete entidades del Ejecutivo: el Dane, el Agustín Codazzi, los Ministerios de Agricultura y Justicia, Planeación Nacional, la Agencia Nacional de Tierras y la Supernotariado y Registro.
El avance en esta política implica asimismo la adopción de nuevas metodologías y tecnologías para realizar de la manera más acertada y organizada este crucial inventario. Esta información nueva proveniente además de big data, sensores y modelos estadísticos, y alimentará la toma de decisiones en formalización, oferta social y ambiental, comunidades étnicas y minería, entre otros.
Los esfuerzos orientados a acelerar el proceso del catastro multipropósito redundarán en un inventario más actualizado, versátil, digital e interoperable de los lotes y predios de Colombia, que se sentirán en recaudo fiscal de los municipios y en mejor planeación de los bienes y servicios públicos. También brindará información para dirimir conflictos de tierras y cimentar la seguridad jurídica de muchos predios rurales, hoy en el limbo. En conclusión, una política que debe continuar y fortalecerse.
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