La encrucijada de la minería

En varios escritos publicados recientemente en PORTAFOLIO y en otros medios de comunicación, se ha venido reflejando, con gran intensidad, la gran duda mortal que aqueja a la sociedad colombiana acerca de si es conveniente o perjudicial impulsar varios proyectos de gran magnitud, relacionados con la explotación de recursos del subsuelo y de manera especial con la extracción de oro en nuestro país. Sea lo primero recordar que una de las ya supermentadas locomotoras del Plan de Desarrollo es justamente la minería, consideración en la cual el Gobierno no demuestra mayores dosis de originalidad, sino que sabiamente se limita a reconocer una realidad ya existente de tiempo atrás y la incluye y proyecta como una de las cinco estrategias de crecimiento para los próximos años.
Es difícil encontrar en la historia reciente de Colombia un tema tan espeso y controvertido como este del desarrollo de la minería en sus diferentes manifestaciones, desde megaproyectos con tecnología proveniente del exterior hasta explotaciones tremendamente artesanales que han venido causando inaceptables pérdidas de vidas humanas.
Después de leer, escuchar, revisar y ponderar escritos, argumentos y disertaciones sobre el impacto que todo proyecto de explotación del subsuelo nacional pueda generar en el medio ambiente, pero también después de leer, escuchar, revisar y ponderar argumentos y disertaciones de otros expertos que sostienen que dichas actividades pueden desarrollarse con el menor impacto posible y con la garantía del restablecimiento de las condiciones iniciales, a los que no somos expertos en el tema y tampoco nos compete tomar decisiones en la materia (como quien dice, viendo los toros desde la barrera), nos queda una sensación de tremenda perplejidad e incertidumbre.
Si el departamento del Tolima es una de las regiones del país con más niveles de desempleo y pobreza, pero a su vez buena parte de su población está asentada, vive y duerme sobre una inmensa riqueza inexplotada, ¿cómo no pensar que debería otorgársele el permiso de funcionamiento a una multinacional que se compromete a operar por varios años con tecnología de punta, gracias a la cual es posible asegurar el restablecimiento ecológico? Es evidente que desde el otro punto de vista, la postura más fácil –¿más acertada?– es oponerse tajantemente a todo tipo de proyectos, pues así se garantiza que no va a haber afectación ambiental, con la ventaja adicional de que nunca se podrá conocer la otra cara de la moneda, o sea, la cuantificación del beneficio económico y social que se habrá dejado de generar.
En esta tremenda encrucijada es indispensable recordar que, sin discusión alguna, existe un terreno totalmente vedado a cualquier tipo de explotación económica. Se trata de los páramos –intocables por ser recursos naturales no renovables– y que por lo tanto deben ser conservados en su estado original y protegidos de intereses meramente económicos, derivados de la minería a gran escala o también de actividades agrícolas relacionadas con productos tan inofensivos y amables como la papa, la cebolla, la cebada y otros de características similares.
Hecha esta pequeña, pero trascendental precisión, queda la inquietud de ¿qué hacer eficientemente con el resto del territorio aún por explotar, buscando claramente ánimo de lucro, pero generando también riqueza, empleo y mejoras en las condiciones de vida para la población involucrada? Más temprano que tarde, el Gobierno tendrá que tomar una decisión clara y precisa. O le echa carbón a la locomotora de la minería o le atraviesa unos cuantos palos para hacerla detener; incluso podría provocar su definitivo descarrilamiento.