Época de asambleas y decisiones

Por tradición arraigada de tiempo atrás y/o por normas legales o estatutarias vigentes, marzo es el mes señalado para que las grandes empresas, básicamente sociedades anónimas, y dentro de estas últimas las que cotizan en el mercado público de valores, presenten su informe de gestión en relación con su desempeño en durante el año o ejercicio inmediatamente anterior.

Esta rendición de cuentas ocurre en la reunión convocada para tal fin, conocida como asamblea general ordinaria de accionistas, a la cual pueden y deben acudir todos los socios de la empresa, independientemente de cual sea la participación que cada uno individualmente considerado posea en la propiedad de la misma.

Hasta aquí el sistema es muy democrático y todos los participantes tienen el derecho a intervenir y expresar su opinión sobre los diferentes temas a tratar. Guarda similitud con la asamblea general de las Naciones Unidas, en la cual los gobernantes de los distintos estados que conforman dicha organización se suben al podio y expresan sin restricción alguna sus diferentes puntos de vista sobre cómo va el mundo y cómo iría mejor, en función, claro está, de sus convicciones ideológicas o, más que todo, de las veleidades personales de cada dirigente.

Donde la perfecta democracia termina a nivel de las asambleas empresariales es al momento de entrar a tomar decisiones.

El ‘capitalismo salvaje’ –como lo denominan sus críticos– obliga que al escrutar los votos emitidos para cualquier decisión, el de cada uno difiera diametralmente del de su vecino en función del número de acciones representadas o poseídas.

Sociedades anónimas, donde la propiedad accionaria sigue siendo bastante concentrada, la opinión o decisión de uno sólo puede pesar más que la de un grupo plural y numeroso.

Curiosamente, en las asambleas donde prevalece un accionista –persona natural o jurídica–, el transcurso de la misma resulta ser más amable y ordenado que en las empresas con una composición accionaria más ‘democratizada’.

En el primer caso, los minoritarios concurren básicamente para salir en la foto o para recibir información y renovar su confianza en quienes administran juiciosamente la empresa. ¿Qué pueden hacer, por ejemplo, 400 mil colombianos con el 10% de la participación accionaria en Ecopetrol, frente a la voluntad o capricho del Estado, dueño del 90 por ciento de la misma?

Justo es reconocer que disposiciones recientes, como el Código de Buen Gobierno, pretenden atenuar un desequilibrio tan rampante como el anteriormente descrito.

Dicho lo anterior, es evidente que en el desarrollo de las asambleas la mayoría de los puntos son muy fáciles de evacuar y decidir. Nadie se va a oponer a que después de verificar el quórum, se escuche el himno nacional si por razones de protocolo está presente un funcionario público de primer nivel.

Los verdaderos temas álgidos son fundamentalmente dos: la composición de la nueva junta directiva que va a gobernar la empresa y el monto de las utilidades a repartir.

Corresponde a la administración, en cabeza del gerente general, mostrar a sus asociados la lista de proyectos a ejecutar que justifican sacrificar un ingreso presente en aras de fortalecer y consolidar el futuro de la empresa. Si no hay proyectos o si el gerente no hace bien su tarea, ¿para qué reservar utilidades?