La urgencia de una reforma
El verdadero desarrollo no consiste en mostrar cifras macroeconómicas alegres, sino en que el result
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Con excepción del candidato Santos, quien según sus declaraciones comparte las políticas económicas de este Gobierno, los demás han planteado la necesidad de reformar el sistema tributario, haciendo eco de un clamor que es unánime entre los expertos nacionales y los organismos internacionales.
Porque no se trata sólo de equilibrar las finanzas; la tarea urgente consiste además en corregir los graves errores de nuestro régimen impositivo, muchos creados en el Gobierno que termina y otros heredados de sus antecesores.
Paradójicamente, los contratos de estabilidad jurídica y la proliferación de zonas francas, dos de las figuras en que se ha basado el programa de confianza inversionista, son algunos de los factores que más atentan contra los principios de equidad, eficiencia y progresividad de los tributos, consagrados en la Constitución.
Para empezar, a ellos no tienen acceso las pymes, y, además, anclados en contratos de 20 y 30 años, se han convertido en talanqueras difíciles de sortear al momento de avanzar en la urgente racionalización del sistema tributario.
La estabilidad jurídica es esencial para atraer la inversión, siempre que se aplique de manera general, con base en reglas justas e iguales para todos.
No como ocurre en el régimen vigente, que se concede discrecionalmente, sobre un menú de normas y doctrinas escogidas por cada interesado.
De esta manera ha roto la equidad, porque favorece a unos pocos; la neutralidad, porque mediante decisiones discrecionales el Estado interviene la libre competencia; y la eficiencia, porque por medio una pequeña prima sobre un proyecto se ampara toda la empresa, y porque la administración tributaria no puede controlar portafolios personales de leyes, decretos y doctrinas para cada contribuyente.
Lo mismo ocurre con las zonas francas, que han perdido su vocación de centros destinados a incorporar mano de obra e insumos nacionales a los productos destinados a la exportación, para convertirse en verdaderos paraísos fiscales.
En este caso son aún más evidentes las ventajas competitivas otorgadas también de manera discrecional, quebrando en forma manifiesta los principios de equidad y de neutralidad.
Y, por supuesto, también riñen con el principio de la eficiencia, porque exigen una vigilancia especial, dados los varios tratamientos exceptivos que reciben y que la administración tributaria no está en condiciones de ejercer.
No se necesita una reforma tributaria para incrementar los tributos; si se equilibran las cargas eliminando los tratamientos exceptivos, que sólo han servido para incrementar las diferencias entre los colombianos, es posible inclusive reducir las tarifas sin perder recaudos.
Pero lo que sí es urgente es devolverle al sistema tributario sus atributos de equidad, progresividad y eficiencia, si como prometen todos los candidatos, necesitamos un país más justo.
El verdadero desarrollo no consiste en mostrar cifras macroeconómicas alegres, sino en que el resultado de la gestión se refleje en el bienestar de la gente, en especial la más necesitada.
Reducir la miseria y la pobreza extrema beneficia a todos, incluyendo a los empresarios, porque se incrementa la capacidad de compra, disminuyendo la inconformidad y la inseguridad.
Por otra parte, frente a las necesidades inaplazables de recursos del país, los tratamientos exceptivos a la larga generan una mayor inseguridad jurídica.
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