Ética para economistas
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La ética ha sido a lo largo de la historia una de las ramas de la Filosofía más analizadas y discutidas. Su objetivo de estudiar la moral, el deber, la virtud y el comportamiento social ha servido para contribuir al progreso de la humanidad, sirviendo de base para importantes reformas sociales.
Ante la relevancia de este sistema reglamentario y con la motivación de exigir un mejor comportamiento de sus semejantes, son muchas las profesiones que cuentan con códigos de ética. La razón detrás de esta noble exigencia no es otra que la de prevenir conflictos de interés y demandar un estándar laboral más riguroso. Tal vez eso explique por qué entre otros, los médicos, los abogados, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos y los periodistas, en muchas de sus agremiaciones, adoptan este tipo normas. Lastimosamente una de las profesiones en las que brilla por su ausencia una codificación normativa que establezca fronteras para el ejercicio profesional en los EE. UU. es la Economía.
Aunque muchos cuestionarán la necesidad de un código de ética para una profesión que se ejerce desde múltiples facetas y que no cuenta con una aparente obligación social definida, las evidencias prueban lo contrario. En uno de los mejores documentales realizados en el 2010, bajo el título de ‘Inside Job’, el director Charles Ferguson se dedica a escudriñar entre las opiniones de los más prestigiosos economistas estadounidenses antes y durante la crisis financiera de los años 2008 y 2009. Entre los hallazgos más protuberantes se encontraron notorios conflictos de interés entre muchas opiniones emitidas públicamente, con el fin de orientar a la opinión pública en temas para los cuales se les reconoce profundo conocimiento, y sus vínculos con conglomerados financieros, fondos de cobertura e inversionistas individuales.
Frente a estas denuncias genialmente presentadas con crudeza en una extraordinaria película, es preciso resaltar que el pasado 3 de enero un grupo de 300 economistas que ejercen la cátedra en los EE. UU., liderados por el Premio Nobel George Akerlof, solicitó a la Asociación de Economistas Americanos (AEA) la urgente adopción de un código de ética. Entre los motivos de la misiva estaba la necesidad de requerir la publicación de potenciales conflictos de interés entre los economistas que escriben y publican como expertos y que al mismo tiempo son consultores, miembros de junta directiva o lobistas de instituciones privadas. El pasado 7 de enero la Asociación, durante su reunión anual en Denver, Colorado, por decisión unánime del comité ejecutivo, conformó un grupo de trabajo para estructurar un código que cobije a sus diecisiete mil afiliados.
Entre las evidencias revisadas por la Asociación estaba un estudio de Gerald Epstein y Carrick-Hagenbarth realizado para la Universidad de Massachussets. En él se observa con detalle cómo de 19 economistas prestigiosos, cuyas opiniones fueron difundidas con bombos y platillos durante la crisis, como voces académicas autorizadas, 13 trabajaban para alguna institución financiera, sin hacer notorios esos vínculos a la hora de orientar la sociedad.
Aunque en América Latina países como Colombia, Ecuador, Perú y México cuentan con códigos de ética para economistas, no se hacen precisiones sobre publicar potenciales conflictos de interés. Por eso la decisión asumida por la AEA nos sirve de ejemplo en la región, donde las voces de muchos economistas académicos ejercen influencia, sin que los lectores, oyentes o televidentes, sepan quién les llena la ponchera.
Ante la relevancia de este sistema reglamentario y con la motivación de exigir un mejor comportamiento de sus semejantes, son muchas las profesiones que cuentan con códigos de ética. La razón detrás de esta noble exigencia no es otra que la de prevenir conflictos de interés y demandar un estándar laboral más riguroso. Tal vez eso explique por qué entre otros, los médicos, los abogados, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos y los periodistas, en muchas de sus agremiaciones, adoptan este tipo normas. Lastimosamente una de las profesiones en las que brilla por su ausencia una codificación normativa que establezca fronteras para el ejercicio profesional en los EE. UU. es la Economía.
Aunque muchos cuestionarán la necesidad de un código de ética para una profesión que se ejerce desde múltiples facetas y que no cuenta con una aparente obligación social definida, las evidencias prueban lo contrario. En uno de los mejores documentales realizados en el 2010, bajo el título de ‘Inside Job’, el director Charles Ferguson se dedica a escudriñar entre las opiniones de los más prestigiosos economistas estadounidenses antes y durante la crisis financiera de los años 2008 y 2009. Entre los hallazgos más protuberantes se encontraron notorios conflictos de interés entre muchas opiniones emitidas públicamente, con el fin de orientar a la opinión pública en temas para los cuales se les reconoce profundo conocimiento, y sus vínculos con conglomerados financieros, fondos de cobertura e inversionistas individuales.
Frente a estas denuncias genialmente presentadas con crudeza en una extraordinaria película, es preciso resaltar que el pasado 3 de enero un grupo de 300 economistas que ejercen la cátedra en los EE. UU., liderados por el Premio Nobel George Akerlof, solicitó a la Asociación de Economistas Americanos (AEA) la urgente adopción de un código de ética. Entre los motivos de la misiva estaba la necesidad de requerir la publicación de potenciales conflictos de interés entre los economistas que escriben y publican como expertos y que al mismo tiempo son consultores, miembros de junta directiva o lobistas de instituciones privadas. El pasado 7 de enero la Asociación, durante su reunión anual en Denver, Colorado, por decisión unánime del comité ejecutivo, conformó un grupo de trabajo para estructurar un código que cobije a sus diecisiete mil afiliados.
Entre las evidencias revisadas por la Asociación estaba un estudio de Gerald Epstein y Carrick-Hagenbarth realizado para la Universidad de Massachussets. En él se observa con detalle cómo de 19 economistas prestigiosos, cuyas opiniones fueron difundidas con bombos y platillos durante la crisis, como voces académicas autorizadas, 13 trabajaban para alguna institución financiera, sin hacer notorios esos vínculos a la hora de orientar la sociedad.
Aunque en América Latina países como Colombia, Ecuador, Perú y México cuentan con códigos de ética para economistas, no se hacen precisiones sobre publicar potenciales conflictos de interés. Por eso la decisión asumida por la AEA nos sirve de ejemplo en la región, donde las voces de muchos economistas académicos ejercen influencia, sin que los lectores, oyentes o televidentes, sepan quién les llena la ponchera.
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