Noche de terror
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El pasado lunes, en medio del dolor y la tragedia, James Holmes se presentó ante un juzgado en Estados Unidos.
El asesino, que días antes había irrumpido en un teatro de cine, y en medio del estreno de la nueva película de Batman abrió fuego al público, utilizando armas automáticas y lanzando gases intoxicantes, parecía impávido e indiferente.
Holmes es un episodio más de las matanzas masivas que se han presentado en este país, con mayor frecuencia desde 1980.
Casos como el de San Isidro, California, en 1984; Edmond, Oklahoma, en 1986, y Jacksonville, Florida, a comienzos de los años 90, o, sencillamente, las masacres de Columbine, en 1999, y la Universidad de Virginia Tech, en el 2007, son recuerdos macabros que han causado dolor y estupor en la sociedad norteamericana.
Sin embargo, ninguna de estas expresiones de barbarie, en las que sobresale la facilidad para adquirir armamento, ha servido para tomar decisiones drásticas con miras a restringir un mercado que trae enormes riesgos para la sociedad.
El último reporte de la ONG Small Arms Survey muestra un análisis riguroso del mercado lícito de armas en el mundo que deja importantes lecciones.
Según el documento, si bien el número de propietarios de armas representa un sector minoritario de la población global, ellos poseen cerca de 650 millones de armas, casi tres veces el arsenal en poder de las Fuerzas Militares y de Policía.
El análisis adelantado también explica que las matanzas masivas, en las que el acceso fácil a armamento juega un papel relevante, no es exclusivo de EE. UU. Países como el Reino Unido, en 1986; Australia, en 1987; Canadá, en 1989; Nueva Zelanda, en 1990; Alemania, en el 2002, y Finlandia, en el 2007, experimentaron estas calamidades.
La gran diferencia consiste en las medidas aplicadas con posterioridad para impedir que situaciones similares se presenten. Fortalecimiento de los sistemas de registro, limitación a la venta de armas, examen minucioso de antecedentes, prohibición de porte y tenencia de un mayor número de armas, e incremento de las penas por mal uso y porte ilegal, son medidas adoptadas con relativo consenso entre las fuerzas políticas.
En el caso de EE. UU., no existe un registro nacional de propietarios, y no se permite la revisión instantánea de antecedentes penales, aunque algunos estados han adoptado medidas en esta dirección. Asimismo, faltan acciones en consonancia con otros países, donde se introduzcan limitantes de edad, salud física y mental, historial de uso y abuso de drogas, antecedentes criminales, y número de armas, por solo mencionar algunas.
Los partidos políticos estadounidenses han sido tímidos en tomar acciones contundentes, debido a que la Constitución reconoce como derecho la tenencia de armas, y la industria de armamento es influyente y poderosa.
Ojalá lo que pasó en Colorado sea la gota que permita de una vez por todas encontrar un balance entre libertad y seguridad. Lástima que nadie se atreva a hacerlo en un año electoral, motivando un sano debate democrático para evitar nuevas noches de terror.
Iván Duque Márquez
Analista - Consultor internacional
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