El Parlamento Andino

Como nuevo ingrediente a la contienda electoral de marzo próximo aparece, aunque con muy poca promoción y conocimiento, la figura del Parlamento Andino que elegirá cinco miembros por Colombia. Ojalá esta especie de secreto no haya impedido que sus partidos políticos confrontados estén ofreciendo, a través de candidatos de categoría, opciones de interés que garanticen futuro y eficacia a este atascado proyecto de integración. Y, además, la mejor manera de impedir que sea convertido en un foco más de corrupción legislativa.

En 1992, publicamos el libro Historia del Parlamento Andino con una metodología parecida a la que empleáramos, desde la presidencia del Parlamento Latinoamericano, por allá en 1979. Puede resultar útil, entonces, con mero propósito informativo, repasar su principal razón de ser.

El Tratado Constitutivo del Parlamento Andino fue suscrito por los Cancilleres andinos en La Paz, Bolivia el 25 de octubre de 1979: ratificado por el Congreso de Perú (13 de julio de 1981), de Bolivia (16de marzo de 1983), de Venezuela (12 de julio de 1983), de Ecuador (23 de julio de 1984) y de Colombia (20 de noviembre de 1984), entrando en vigencia a partir de 1985.

Sus orígenes están vinculados al proceso de Integración Subregional y su nacimiento significó un gran acuerdo político de los países que adhirieron al Acuerdo de Cartagena, cuya meta fundamental era el desarrollo económico. Sin embargo, según sus máximos inspiradores está destinado a ser, también, el portavoz de millones de ciudadanos, cuyo futuro no debe dejarse únicamente al arbitrio de técnicos y economistas. De hecho, la Integración Subregional andina debe tener en él a uno de sus elementos principales y como entidad deliberante del Acuerdo de Cartagena proyectarse mediante el análisis, discusión, diálogo, negociación y decisión de los diferentes asuntos de interés para los países de la subregión.

Doctrinariamente podría afirmarse que sus objetivos fundamentales son la promoción de los pueblos como actores centrales del proceso de integración y el fomento de la conciencia comunitaria, andina y latinoamericana, en bien del afianzamiento de la paz y justicia internacionales.

A este respecto es importante mencionar la existencia de la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en Sucre, Bolivia, como principal órgano académico de unión. Otros convenios con Organismo Internacionales han dado vida y dinamismo a los trabajos que impulsa la Secretaría General Ejecutiva desde la Oficina Central en Bogotá, bajo la dirección acertada de Rubén Vélez Núñez.

Su estructura contempla importantes mecanismos que aseguran la participación pluralista en el desarrollo de los trabajos encargados a las nueve comisiones que lo integran. Entre sus atribuciones están las de recibir los informes anuales de los órganos de los convenios y acuerdos andinos con el fin de examinar e impulsar debidamente la marcha del proceso de integración. También la de proponer medidas y sugerencias que coadyuven a la aproximación de las legislaciones nacionales. Desde el 25 de mayo de 1988, cuando inició su vigencia el Protocolo de Quito, el Parlamento Andino adquirió, al menos en teoría, capacidad de proposición ante la Comisión o ante la junta sobre las materias del Acuerdo de Cartagena.

Como una de sus funciones más inmediatas está la armonización legislativa y el control político de los órganos e instituciones de la Comunidad Andina y, a largo plazo, convertirse en un instrumento legislativo con plenos poderes ante sus países miembros. Por ello, su gran reto es el proceso eleccionario de sus directivos mediante el sufragio universal y directo con criterio de participación nacional. Por su intervención durante su creación y desarrollo, merecen especial reconocimiento Belisario Betancur, César Gaviria, Álvaro Uribe, Augusto Ramírez, J. M. Santos, Noemí Sanín, Turbay Quintero, Rubén Sánchez David, Óscar Delgado.