Política de Desarrollo Empresarial

 

Para responder a las críticas de que la actual administración no tiene una ‘política industrial’, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, coincidiendo con los planteamientos hechos en esta columna, en el sentido de que ese concepto tiene un alcance limitado, propio de una etapa histórica superada, y que hoy debe hablarse más bien de una política de desarrollo empresarial, centrada en la competitividad, ha estructurado una estrategia que tiene dos ejes, uno trasversal y otro horizontal. 

El componente trasversal tiene una amplia ‘caja de herramientas’ que comprende: comercio exterior, financiación, apoyo a las pymes, incentivos a la inversión, emprendimiento e innovación, formalización, regulación, capital humano, infraestructura, logística y formación de precios.

Por su parte, el sectorial tiene 3 elementos; I) las locomotoras del crecimiento: agricultura, minería, construcción y vivienda, infraestructura e innovación; II) el Programa de Transformación Productiva, y III) un elemento nuevo que introduce el Plan de Desarrollo: la nueva estrategia industrial (no se precisa en qué consiste).

No hay duda de que esta política de desarrollo empresarial constituye un paso en la dirección correcta y representa un gran avance para articular los esfuerzos que el país debe adelantar al respecto. Hay anuncios novedosos como los ‘ángeles financieros’ y los fondos de capital semilla para ayudar a las empresas a superar obstáculos financieros, las nuevas funciones de Bancóldex para convertirse en un banco de desarrollo, las acciones previstas para el fomento del mercado interno, la continuación del programa de zonas francas, los contratos de estabilidad jurídica y el reconocimiento que hay que ‘repotenciar’ el Programa de Transformación Productiva para institucionalizarlo y darle prioridad dentro del conjunto de políticas públicas. 

El aspecto negativo es que haya sido lanzado únicamente por el Ministerio de Comercio y no por la Comisión Nacional de Competitividad, presidida por el Presidente, para que sea un compromiso del Gobierno y no sólo de uno de sus ministerios, por más importante y bien intencionado que sea. El hecho es que muchos de los temas tratados no son de su competencia y otros aspectos, como los relacionados con la educación, la ciencia y la tecnología requiere de una participación activa del Sena y Colciencias.

Por eso, quizá lo más indicado sería realizar una revisión a fondo del Sistema Nacional de Competitividad, como se propuso en el documento Conpes 3668 (22-06-2010), en términos de articulación entre las entidades del sistema, redefinición de roles de algunas de estas entidades y acciones de fortalecimiento institucional en el nivel regional del sistema. 

Ello se hace más necesario cuando no estén definidas sus competencias frente al Conpes y a las que le asigna el proyecto del Plan de Desarrollo 2010-2014 a las Comisiones Regionales de Competitividad, quienes limitan las funciones que hoy tiene la Comisión Nacional de Competitividad, incluso en temas que no son de carácter territorial sino nacional, como el caso de la propiedad intelectual.