Desorden generalizado
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Lo que pasa en Colombia no es aislado, ni son paros espontáneos por insatisfacción social, que de paso existe y merece atención; es todo parte de una estrategia y campaña bien estructuradas y orquestadas desde adentro y afuera, con el fin de lograr desajustar y, finalmente, cambiar nuestras instituciones.
La institucionalidad colombiana existe y es fuerte, como lo ha demostrado en múltiples crisis, y aún más en la lucha por defender a la gran mayoría de la población y la estructura del país de los violentos disfrazados con máscaras de izquierda o derecha, y de delincuentes de la droga y otras mafias.
Esa misma institucionalidad tiene graves falencias, en especial en temas como los sistemas de contratación, que han permitido la corrupción, y la justicia, que no siempre es imparcial y tiene tendencias políticas en muchos de sus fallos, lo que resulta en casos en los cuales sanciona inocentes y otros en los que deja libre al delincuente.
Pero aún con todas sus falencias, nuestra institucionalidad y democracia son de las muy escasas que hoy existen en Latinoamérica.
Por eso las fuerzas que quieren cambiarlo todo, no solo lo malo, sino el orden que nos queda, impulsan desde adentro y afuera del país movimientos que nos lleven al caos y coadyuven a los objetivos que plantean en La Habana las Farc, quienes quieren acabar con la institucionalidad y estructura sociopolítica y económica de Colombia.
Quedó definido en los acuerdos previos sobre las condiciones de la negociación, según nos dijeron, que el modelo económico y político del país no se iba a negociar; sin embargo, han hecho varios intentos, y siguen haciéndolo, con propuestas bastante descabelladas.
Ahora no solo impulsan paros y desorden a lo largo del país y de su actividad económica: paperos, mineros, cafeteros, maestros, campesinos, ganaderos, etc., sino que ofrecieron sus armas y su gente a los militantes del paro del Catatumbo.
Agreden de palabra, y con actos crueles y absurdos asesinan inmisericordemente a soldados de la Patria y hacen atentados, en fin, todo lo que siempre han hecho y a lo que nos tienen ‘acostumbrados’ a padecer.
Todo esto busca descuadernar más al país y crear un caos que les abra espacio a sus extremas posiciones. Buscan que se declare un cese de operaciones militares mediante un cese al fuego bilateral, para repetir la historia, reorganizarse, fortalecerse y extenderse. ¿Es posible negociar así? ¿Para dónde vamos?
El Gobierno tiene la palabra. Es loable buscar la paz, es la meta de todos. En este caso sería la firma de un acuerdo con un grupo que terminaría la marca Farc, pero que con seguridad dejaría a muchos de sus militantes como integrantes de nuevas bandas, de forma similar a lo que ya ha pasado.
Por esto, y por todo lo que seguiría con posterioridad a dicha firma, el logro de la paz tendrá que seguirse luchando por largo tiempo. Pero no podemos aceptar que el precio sea la vida de colombianos inocentes, militares o civiles, ni la impunidad ni el sacrificio de los principios y las instituciones.
Debemos seguir respaldando a las Fuerzas Armadas y buscar que la justicia sea para todos, no solo para los uniformados.
Si estos han cometido delitos; deben pagarlos, pero con garantías de juicios justos e imparciales, y la tranquilidad de que si están defendiendo al país, pueden actuar dentro de las reglas, sin ser vulnerables a todo tipo de acusaciones y sin derecho a la defensa.
María Sol Navia
Exministra de Trabajo
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