No hay que jugar con candela

No es fácil estar en desacuerdo con la idea del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Duque, que plantea que los colombianos deben ponerse de acuerdo en un gran pacto para que los distintos sectores de la sociedad unan esfuerzos para “remar para el mismo lado y generar de esta manera un verdadero cambio social, dinamizar el crecimiento económico y alcanzar e mayor desarrollo del país y de sus regiones”.

Sin embargo, lo que parecería algo obvio a defender y generar ese consenso, termina convirtiéndose en otro motivo más de desconfianza e incredulidad y en una batalla de agravios que utiliza herramientas de todo tipo, entre las que se incluyen desinformación, manipulación, parcelación amañada de los datos y la interpretación equivocada (más bien tendenciosa) para obtener réditos políticos con un objetivo mediático y electoral. Es una acción dañina.

Los ejemplos pululan. Si el gobierno plantea aclarar una norma sobre impuestos a los licores, la conclusión es que pretende adoptar una nueva reforma tributaria contra las regiones; si quiere que haya una conveniente unificación del presupuesto como debe ser, la salida es decir que quiere centralizar las decisiones y acabar con el modelo de planeación, y si quiere focalizar los subsidios para beneficiar a quienes en verdad los necesitan, el enfoque es plantear que se pretende condenar a la pobreza a los más necesitados. Para ello, los interesados en obtener dividendos políticos tienen un arma poderosa en las redes sociales para llegarle a mucha gente que no tiene por qué estar informada y sí tiene una fe casi ciega en lo que se publica en la red. Una estrategia perversa y muy difícil de controlar.

Desafortunadamente, en Colombia se está cayendo en un juego muy peligroso, así no sea exclusividad nacional: la ridiculización y la demonización de asuntos importantes para impedir que socialmente se genere consenso y aprobación sobre ellos, con lo que se frenan las buenas acciones. En esos términos, al impedir la acción, la crítica por el fracaso aparece obvia. A muchos no les interesa que se acabe la pobreza, porque de lograrse ese objetivo social se les acaba su argumentación política que los sostiene.

El cuestionamiento a un ejercicio serio de planeación como el que el gobierno de Duque está poniendo a consideración del país y no solo del Congreso, que debe aprobarlo, no puede quedarse en la visión mediática o de los detalles, y, aunque la responsabilidad le cabe a la clase política, debe ir mucho más allá: los distintos componentes de la sociedad civil deben tener mayor participación en esas discusiones, mucho más allá de unos memos que presentaron en la etapa de elaboración del documento del plan.

Lo más triste es que todo parece estar cayendo en ese escenario. Creer que porque el gobierno tiene que hacer ajustes en la Justicia Especial para la Paz, en asuntos específicos, se está acabando con el acuerdo de paz, es malintencionado y ridículo. Por el bien de todos y del mismo proceso, al Ejecutivo no le puede temblar la mano o dejarse presionar para no hacerlos.

Sin duda, Colombia necesita hacer un gran pacto político, económico y social para dar el salto económico que lleve a un mayor bienestar, y esta es una gran oportunidad que no se puede desaprovechar con una visión que trascienda la coyuntura. Ese pacto debe ser incluyente de la clase política, sector privado de las organizaciones gremiales, academia, centros de estudio, trabajadores, minorías y voceros regionales. Todos en función de país y no de pequeños intereses mezquinos. Mirar el ejemplo de España podría servirnos de mucho.

Empresario exportador

mariohernandez@mariohernandez.com