Reformar por reformar
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Varias de las instituciones creadas por la Constitución de 1991 han sido objeto de críticas. Incluso, algunas de ellas deben ser reformadas, al menos por los debates que han suscitado.
El Consejo Superior de la Judicatura está en el centro de la discusión en la reforma a la justicia, la Comisión Nacional de Televisión fue eliminada por su inefectividad y hay otras entidades como la Defensoría del Pueblo, la Contaduría y la Auditoría General, por debajo de las expectativas.
Sin embargo, hay que destacar lo afortunado que resultó el diseño de uno de los instrumentos de política económica más importantes en la historia del país: la creación de la junta del Banco de la República, encargada del manejo de la política de estabilización de precios, para lo cual se tiene la política monetaria.
A la junta del Emisor se le dio autonomía e independencia del ejecutivo, así dentro de sus miembros se cuente al ministro de Hacienda. Sustituyó la Junta Monetaria, creada a comienzos de la década de los sesenta, pero que fue rebasada por los acontecimientos.
No hay duda: el modelo ha sido exitoso y debe mantenerse.
El Banco de la República y su Junta han demostrado gran capacidad y responsabilidad, y, por fortuna, no hay interferencia política en sus decisiones.
La caída en la tasa de inflación, principal función del organismo, es la demostración más contundente de que las cosas se han manejado bien. Basta mirar a Venezuela y Argentina para comprobarlo.
Por eso no se entiende y resulta ‘sospechoso’ un proyecto de ley que cursa en el Congreso, promovido por el senador Camilo Sánchez y que seguramente tiene el apoyo de otros padres de la patria, que pretende restarle autonomía al Banco Central y, palabras más palabras menos, atribuirle responsabilidad política a sus decisiones sobre temas monetarios y cambiarios. Una gran equivocación.
Este caso demuestra algo que debe preocupar en el país: el prurito de reformar por reformar, así las cosas estén funcionamiento bien, como si en el país no se tuvieran problemas a los que se les debe gastar tiempo y energías, temas que sí deben hacer parte de la llamada agenda país, como son justicia, educación, medio ambiente y salud. En todos estos, no se escuchan propuestas serias de la clase política.
Los ejemplos de esa obsesión no paran ahí. TransMilenio no es perfecto, y aunque resulte claro que se debe ajustar en función de las necesidades permanentes, hay un deseo dañino de afectar su estructura, lo que sería un gran error.
Esa intención arranca desde la misma clase política y se extiende a la misma administración de la ciudad.
Desafortunadamente, a la llamada sociedad civil parece no importarle.
En el caso del Emisor, los economistas deben pronunciarse, y en el de TransMilenio, muchos sectores sociales deberían defenderlo. Y en ambos, la dirigencia solo está defendiendo unos intereses diferentes para los cuales fueron elegidos.
Mario Hernández
Empresario exportador
presidencia@mariohernandez.com
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