Contradicciones fiscales

La situación de las finanzas públicas es tan vulnerable que hay que mirar con cuidado el impacto fis

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Existe consenso total en que una de las medidas necesarias para frenar la perniciosa revaluación del peso es la reducción del déficit fiscal para que el Gobierno disminuya su endeudamiento externo y traiga menos dólares.
 Por el contrario, subsiste la controversia sobre la utilización de controles a los ingresos de capital, medida que tiene opositores que, aunque minoría, son poderosos y, hasta ahora, han evitado que se impongan controles que ya utilizan países como Brasil o Perú.
Lo curioso es que algunos de quienes posando de ortodoxos se oponen a los controles de capitales proponen sin sonrojarse otras medidas para ayudar a algunos de los sectores afectados por la revaluación, medidas que tienen un enorme costo fiscal que agrava el déficit, con lo cual el remedio resulta peor que la enfermedad.
El caso más claro de esta contradicción es la propuesta de reducir aranceles para abaratar la importación de materias primas y bienes de capital, de manera que se aumente la demanda de dólares y se reduzcan los costos de los productores nacionales para que puedan enfrentar la competencia internacional. Según informó el diario PORTAFOLIO, el propio Gobierno estima que esta reducción implicaría una caída en los ingresos tributarios de unos $3 billones, mientras que el estimativo de Anif era un poco menor, 'sólo' 2,5 billones.
El promedio de los dos estimativos es de unos US$1.500 millones, que sería el monto de los créditos que tendría que salir a buscar el Gobierno para tapar el hueco fiscal que le dejaría la reforma arancelaria. O sea, más combustible para la revaluación, además de que se agrandaría el déficit del comercio exterior haciendo más vulnerable a la economía.
Una contradicción similar tiene uno de los artículos del proyecto de ley tributaria que acaba de ser presentado al Congreso. Para reducir los costos de la industria, propone eliminar la sobretasa del 20% en la tarifa de energía que hoy deben pagar las empresas para subsidiar el consumo en los estratos bajos.
El Gobierno asumiría el costo de esta ayuda, que se estima en unos $700.000 millones anuales para los próximos cuatro años. Mayor gasto público, mayor déficit fiscal y mayor necesidad de endeudamiento.
Es cierto que el efecto total del proyecto es positivo para reducir el déficit fiscal, puesto que propone aumentar los ingresos tributarios en más de $4,5 billones anuales mediante la eliminación de la inequitativa gabela tributaria de la deducción del 40% de la inversión en activos fijos y el control a la evasión del cuatro por mil. En este sentido, hay que apoyar al Ministro de Hacienda con este proyecto, aun contra la oposición de quienes creen que estas propuestas atentan contra la llamada 'confianza inversionista' y quiebran uno de los huevitos del ex presidente.
Sin embargo, su impacto sobre la reducción del déficit será mayor si no se incluye en la ley la eliminación de la sobretasa a la energía. La situación de las finanzas públicas es tan vulnerable que hay que mirar con cuidado el impacto fiscal de cualquier medida o reforma que se proponga. Un ejemplo son los TLC.
El aplazamiento en la aprobación en el Congreso norteamericano ha evitado una caída de los ingresos tributarios que se había estimado podían llegar hasta US$600 millones anuales. Y los importadores de carros que impulsan con tanto ahínco el TLC con Corea del Sur, deberían tener en cuenta que este podría tener un costo fiscal superior a los US$200 millones anuales, además de que acabaría con la industria automotriz nacional.
Coletilla. También hay que apoyar al Ministro de Agricultura frente a la oposición de la derecha uribista contra la ley de restitución de tierras. Es el camino para la paz.
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