Corruptores y contratistas

Para reducir la corrupción es necesario condenar a corruptos y corruptores.

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Con la llamada a imputación de cargos a los Nule, la Fiscalía decidió acabar con el soborno onanista, en el cual sólo eran condenados los funcionarios públicos que pecaron por la paga, pero los contratistas privados que pagaron por pecar disfrutaban de sus dolosas fortunas en playas de Miami.
Sin embargo, hay que recordar que el escándalo de los contratos en Bogotá es sólo la punta del iceberg de la corrupción que ya desbordó todos los límites y sus justas proporciones, como decía Turbay. Antes el contratista corrupto cargaba un sobreprecio a la obra, (se dice que era del 10 al 20%) que compartía con el funcionario público, pero hacía la obra y la entregaba. Ahora se roban toda la plata y sólo dejan los huecos y las obras a medio hacer.
La podredumbre es generalizada. Bogotá es el caso más publicitado, pero ahí están el Valle, Casanare, Arauca, Cesar y muchos otros departamentos y municipios, y ni para qué hablar de entidades nacionales como el Inco, Invías, o Estupefacientes, donde los contratistas privados han hecho fiestas.
Ante tamaña pandemia de corrupción no hay Fiscalía que alcance a perseguir a todos los corruptores, Procuraduría que pueda vigilar a tantos corruptos, ni Contraloría que pueda frenar el detrimento patrimonial que producen miles de contratos leoninos. Hacen un gran esfuerzo, pero están desbordadas. Porque, además de luchar contra los productos de la corrupción, hay que atacar sus raíces, y en Colombia una de las principales es el sistema de contratación pública.
Todo el proceso de adjudicación de un contrato público tiene debilidades y perforaciones que permiten hacer trampas para apropiarse de recursos públicos. Desde la preparación de los pliegos de licitaciones hasta el manejo de las audiencias de adjudicación, pasando por las evaluaciones de los proponentes, en cada paso hay la posibilidad de interferencias para asignar el contrato al proponente que pagó por ello.
También el proceso de ejecución tiene errores de diseño, sobre todo en los contratos de concesión, donde las ampliaciones de plazo, reclamaciones o restablecimiento del equilibrio económico han sido utilizadas para esquilmar billones de pesos del erario público. La legislación sobre concesiones en Colombia se quedó desactualizada frente al desarrollo y la innovación en el uso de esta figura de asociación público-privada. Una debilidad grande del régimen de contratación es que la mayoría de los controles son a posteriori, cuando ya se ha consumado el fraude. En el caso de las licitaciones es indispensable establecer controles desde la elaboración de los prepliegos, pues es en estos donde el corrupto manipula las condiciones requeridas para favorecer al contratista corruptor.
Una forma de disminuir estas prácticas sería la de obligar a que todos los prepliegos de licitaciones superiores a un monto determinado deban ser revisados y aprobados por un organismo de altísimo nivel, como lo es el Consejo para la Transparencia en Chile, ante el cual se presentan sus quejas u observaciones todos los interesados, antes de que se abra el proceso de licitación. En este campo y en otros relacionados con la total transparencia de la información pública, la experiencia chilena ha sido positiva y reconocida a nivel internacional. La información sobre el Consejo se puede ver en: http://www.consejotransparencia.cl.
Para disminuir la corrupción es necesario, pero no suficiente condenar a corruptos y corruptores. Hay que reducir incentivos y controlar los procesos en los que se administran los millonarios recursos públicos, para que tengan la mayor transparencia posible.
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