Del Estado ejecutor al contratista

El modelo del Estado contratista no parece tener vuelta atrás.

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La corrupción en Colombia no sólo ha dado un salto cuantitativo con el aumento impresionante del robo de recursos públicos en la mayoría de las entidades estatales en el pasado Gobierno, sino que ha tenido un cambio cualitativo en la manera como se hacen esos desfalcos.
Este cambio en las formas de corrupción tiene mucho que ver con la variación en el modelo de Estado, que de ser ejecutor y proveedor directo de servicios pasó a contratar la prestación de muchos de ellos o a darlos en concesión.
Cuando el Estado era empleador y participaba directamente en muchas áreas de la actividad económica, la meta de los corruptos –que buscaban capturar el Estado– era apropiarse de los nombramientos en puestos públicos y lograr beneficiarse de las decisiones y regulaciones económicas que les permitieran generar rentas monopólicas.
Esas formas de corrupción subsisten en el nuevo modelo, que desde los 80 ha buscado reducir la acción y la intervención directa del Estado, pero ya no son las más relevantes, puesto que ahora la mayor cuantía de recursos públicos se asigna mediante contratos y los corruptos han entendido que es en la captura de la contratación estatal donde tienen la gran oportunidad de medrar y hacer fortuna.
A la transformación del Estado de ejecutor a contratista hay que añadirle los efectos de la descentralización fiscal y administrativa, que ha llevado a que gran parte de los recursos que antes manejaba el Gobierno Central hoy sean repartidos por medio contratos realizados por los departamentos y municipios, sin modernizar ni fortalecer los entes de control territoriales. Los caciques políticos regionales y organizaciones criminales hallaron en la contratación regional una enorme fuente de recursos para sus actividades.
El informe final del saliente Auditor General de la República trae unas cifras impresionantes sobre la contratación estatal que demuestran por qué es un terreno abonado para que aumente la corrupción.
Según el texto, entre noviembre del 2009 y febrero del 2011 los entes territoriales suscribieron 852.143 contratos, es decir, más de 50.000 mensuales. Es evidente que esta cantidad excede la capacidad de vigilancia y control de las 63 contralorías territoriales.
El 55% de estos contratos (433.146) fue de prestación de servicios, de los cuales 156.013 se hicieron con personas naturales. La aparente reducción del tamaño del Estado es una falacia, pues los empleados fijos han sido reemplazados con contratos de trabajo temporales.
Otro dato aterrador es que 60% de los convenios mencionados se asignaron por contratación directa, sin ningún procedimiento de competencia o selección objetiva. También se han generalizado los convenios interadministrativos y contratos con fundaciones, universidades y cooperativas, que en el periodo considerado suman $6,5 billones.
Los riesgos fiscales de esta explosión de contratos son enormes.
Según el Informe, hay $26 billones de recursos públicos en riesgo, debido a que “la contratación regional está en cabeza de 5.700 ordenadores de gasto sin adecuados controles o instrumentos de intervención en casos de riesgo y con recursos millonarios a su arbitrio, liberalidad y ligereza”.
El modelo del Estado contratista no parece tener vuelta atrás, por eso hay que fortalecer la capacidad de los entes de control, reformar a fondo las contralorías regionales, pero sobre todo, como dice el Auditor, “es evidente la necesidad de ir hacia una nueva política de Estado en materia de contratación, que exige un cambio de concepción en la relación contractual con los particulares, donde el interés público sea ganador”.
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