¡De los monopolios, líbranos señor!
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El único monopolio bueno es el juego de mesa, con su compra y arriendo de propiedades, cartas de ‘casualidad’ y cárcel sin hacinamientos.
Además, es el único que regala plata, los $200 que se cobran cada vez que se pasa por ‘salida’.
Todos los demás son como los cigarrillos, perjudiciales para la salud, y cuando son inevitables deben ser estrechamente vigilados y regulados por el Estado.
Por eso, es importante que en la próxima subasta para asignar la franja del espectro electromagnético que se usará para la nueva tecnología de Internet móvil (4G), el Gobierno imponga condiciones que no permitan que se consolide el cuasimonopolio que tiene Claro en el mercado de telecomunicaciones.
Más aún, la subasta es la oportunidad para debilitar esa posición dominante y permitir que haya más competencia en el mercado para beneficio de los usuarios.
No es solo la opinión de unos cuantos analistas. Es un imperativo legal. La Constitución establece que “el espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado.
Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético”. (Art. 75).
Tampoco es de socialistas nostálgicos para acabar con el mercado libre.
En EE. UU. se han tomado medidas radicales contra los monopolios: hasta 1984, AT&T controlaba casi toda la telefonía local y de larga distancia.
Ese año, el Gobierno Reagan le ordenó que se dividiera en siete compañías regionales, independientes y con distintos dueños. El resultado fue bueno para los usuarios. Entraron nuevos operadores, se incrementó la competencia, bajaron las tarifas y se desarrollaron otros servicios.
Es como si acá a Claro se le obligará a dividirse y vender parte de su operación a otros operadores.
En Colombia, desde los 90, la política oficial ha sido muy proactiva y eficiente en acabar los monopolios regionales que tenían en las telecomunicaciones las empresas públicas de las respectivas ciudades, y el de la antigua Telecom a nivel nacional.
Pero esa política estuvo influenciada por la ideología neoliberal de reducir el Estado y acabar con las empresas públicas, de manera que se tomaron medidas desatinadas que les dieron privilegios injustificados a los operadores privados y redujeron el valor del patrimonio estatal.
En 1998 para que ETB y EPM pudieran ofrecer el servicio de larga distancia tuvieron que pagar US$150 millones, cada una, por la licencia; en el 2003, el Gobierno le dio gratis la licencia a Comcel y Movistar para que fueran operadores nacionales con el 03, y en el 2004, le otorgó a Comcel, de manera gratuita y sin subasta, una franja adicional del espectro, para que pudiera ampliar sus servicios.
Otro caso de ayuda a operadores privados fue la aprobación de recursos del presupuesto nacional para capitalizar Coltel, firma en la que es mayoritaria la española Telefónica, que vio fortalecida su posición para competir con ETB, UNE y Emcali.
Por estos errores de política, la conveniente ruptura del monopolio público en telecomunicaciones –que era solo regional– ha llevado a uno privado nacional.
En la subasta de 4G, el Gobierno tiene la posibilidad de compensar dichos errores, dando condiciones preferenciales a las empresas públicas para que se fortalezcan y compitan contra el monopolio.
Mauricio Cabrera G.
Consultor privado
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