Lo barato sale caro

Tambalean los contratos de telefonía móvil con cláusulas de permanencia, aquellas que permiten que las empresas proveedoras vendan teléfonos con descuento a cambio de que los usuarios permanezcan un tiempo atados a sus contratos. El Congreso de la República y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) están promoviendo iniciativas tendientes a revisar esos mecanismos.

Esto ha abierto un debate muy oportuno sobre uno de los negocios más polémicos en la actualidad. En pocos sectores de la economía se presenta la coincidencia de un crecimiento exorbitante de la facturación con un deterioro escandaloso del servicio. Para ilustrar el mal servicio, uno podría decir que hasta el presidente Santos se ha quejado, pero basta con tratar de hacer una llamada de más de un minuto sin que se corte.

Ante esa situación, el objetivo de cualquier decisión de la CRC (el Congreso no debería legislar sobre un tema que es competencia de la autoridad regulatoria) debe ser el garantizar la mejor relación calidad-precio para el consumidor. No hablo de la calidad y el precio del aparato de teléfono, sino de lo que le cuesta al usuario acceder a un servicio de telecomunicación en condiciones idóneas.

Las cláusulas de permanencia limitan el logro de una mejor relación calidad-precio en telefonía móvil, en varios sentidos. Por un lado, el consumidor no tiene claridad sobre los precios que la empresa está cobrando por el aparato y el servicio. Alguno dirá que los precios están en los contratos, pero eso no es tan evidente. En tanto el costo del aparato está subsidiado por el del servicio, el consumidor no sabe cuál es el valor exacto de uno y otro. Esa falta de transparencia impide que el usuario pueda elegir la mejor opción para acceder al servicio, lo que reduce los incentivos para que las empresas compitan con calidad.

Eso nos lleva al segundo problema: las cláusulas de permanencia permiten que las compañías de telefonía móvil concentren sus esfuerzos en atraer clientes vendiéndoles aparatos (que no es su actividad económica), sin que tengan que mejorar el servicio (que sí es su verdadera actividad económica) porque tienen amarrados a sus usuarios. Por su parte, el consumidor se queda con un teléfono de lujo que solo le sirve para jugar Angry Birds.

Los contratos con cláusulas de permanencia serían razonables en un entorno en el cual hubiera claridad en los precios (sin subsidios cruzados) y estabilidad en la calidad del servicio a lo largo del tiempo contratado. Como esas circunstancias no se dan en Colombia, es bienvenida cualquier iniciativa que ayude a que el consumidor sepa exactamente qué está pagando y tenga libertad de cambiar de proveedor cuando quiera. La transparencia y competencia son las mejores maneras de inducir mejoras en la calidad del servicio. Una reflexión final para quienes defienden las cláusulas de permanencia argumentando que si se eliminan se elevarían los precios de los aparatos: un teléfono barato con un servicio pésimo en realidad sale carísimo.