El derecho a la esperanza

“Ninguna guerra puede conculcar el ‘Derecho a la esperanza’ cuyo núcleo es el ‘Derecho a soñar’, a soñar con un país al cual, finalmente, siempre acabe por llegar la primavera”. Nicanor Restrepo

Durante los cincuenta y cuatro años de conflicto armado en Colombia, parecía poco probable lograr un Acuerdo Final para su terminación. Acuerdo que demoró cuatro años en negociarse, lleva más de dos de implementación y tiene un horizonte de aplicación de hasta quince años.

Ver el camino recorrido debería permitirnos construir el futuro que antes no nos atrevíamos a imaginar y sobreponernos a las adversidades que suscita el conflicto, incluyendo los graves sucesos que pretenden desestabilizar el proceso de paz y que nos ponen a prueba como país.

Como una señal de esperanza, conviene mirar en retrospectiva el desescalamiento del conflicto desde el 2003; en estos 16 años, la Agencia para la Reincorporación y Normalización -ARN- ha culminado la reincorporación de cerca de veinticuatro mil excombatientes, de los cuales el 99% permanece en la legalidad. Es de esperar entonces, que frente a la reinserción más grande que se ha iniciado (cerca de 10 mil excombatientes de las FARC), la ARN tenga las capacidades para llevar a cabo su reincorporación.

Igualmente contamos con dieciséis Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Ciento setenta de los municipios más afectados por el conflicto han venido construyendo su visión colectiva del territorio, en un ejercicio de participación ciudadana sin precedentes.

Los doscientos mil participantes construyeron más de treinta mil proyectos y trazaron una hoja de ruta para los próximos quince años, ejecutando cerca de trescientos cuarenta y cinco mil millones de pesos en obras de infraestructura que permitirán mejorar sus condiciones de vida.

También se ha avanzado en el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, mediante un proyecto piloto adelantado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que se debe replicar en todo el territorio nacional que adolecen de la formalización de tierras, causa detonante de la ilegalidad y los conflictos históricos del país.

A pesar de esos avances, se debe acelerar la implementación de los acuerdos, dar respuesta a la expectativa de la comunidad frente a los proyectos diseñados en sus territorios, garantizar el acceso a la tierra para viabilizar el desarrollo de los procesos productivos –menos del 14% de los excombatientes ha participado en ellos–, proceder con el Plan Integral de Sustitución -PNIS para la sustitución de los cultivos ilícitos y, enfrentar el mayor reto: la protección de los excombatientes y líderes sociales como garantía de que la vida es valor supremo.

Como sociedad civil debemos ser contundentes en acompañar estos procesos, pues solo si trabajamos por una sociedad en paz, alcanzaremos la democracia fortalecida y la economía dinámica y con equidad que cimentarán el futuro esperanzador deseado por todos. En palabras del Dr. Nicanor Restrepo: Es un error pensar que la responsabilidad de la paz corresponde solo al gobierno y que los ciudadanos pueden seguir perdidos en la indiferencia.

Azucena Restrepo

Presidenta Ejecutiva de Proantioquia