Sistema de Matrículas Estudiantil
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La corrupción en el sistema educativo denunciada por el Gobierno Nacional, y que le ha costado al país por lo menos 36.000 millones de pesos, nos lleva a la conclusión de que hay que replantear el Simat.
Según el Ministerio de Educación, el Simat “es una herramienta que permite organizar y controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas, así como tener una fuente de información confiable y disponible para toma de decisiones”.
En teoría, el sistema permite conocer la situación académica (grado, colegio), familiar (padres o acudientes) y socioeconómica (lugar de residencia, estrato de los estudiantes.
En la práctica, la información arrojada sirve, entre otras acciones, para asignar los recursos.
Según el Mineducación, “para el 2011 se determinó una asignación per cápita anual para educación preescolar y básica (grados 0 a 9) de $35.000 por alumno y para la media (grados 10 y 11) de $62.000 por alumno (…), se distribuyeron $238.994’557.000 que corresponden a una matrícula reconocida de 6’387.050 alumnos, de los cuales 5’814.909 son estudiantes pertenecientes a los niveles de preescolar y básica secundaria y 572.141 a media”.
La denuncia del Gobierno desacredita que el Simat sea eficiente para “controlar” el proceso de matrícula y que sea una fuente de información confiable. Esto indica que no hay garantía sobre el número real de estudiantes que reciben y han recibido el servicio de educación a través de instituciones públicas.
Y si estas cifras se ponen en duda, también se puede cuestionar el aumento en la cobertura de los últimos años; hoy la tasa de cobertura neta está un poco por encima del 90% (según los datos del Simat).
Lo preocupante es que las acciones relacionadas con cobertura y calidad se planean y ejecutan a partir de los datos del Simat; por ejemplo, el dinero para los programas de alimentación, asignación de tecnología y contratación o reubicación de docentes.
A diferencia de lo que muchos han afirmado, el foco de corrupción es posible no porque se inflen las cifras con niños inexistentes o fantasmas, pues para hacer un registro se usan datos que no pueden ser inventados, como el número de identificación y el número del carné del Sisbén.
Más bien, los que no aparecen son colombianos inasistentes, ya sea porque se matricularon y no asistieron, cambiaron de lugar de residencia o desertaron.
La falla del Simat está en que no hay una actualización permanente.
El sistema que brinda información de base para la asignación de recursos educativos no sólo es falible, sino que abre un gran espacio para la corrupción.
Por ello, hoy debemos preguntarnos: ¿qué se va a hacer con el Simat?, ¿cómo garantizar que la información de matrícula corresponda con el número real de estudiantes asistentes?
En el Gobierno está la respuesta.
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