La paz y el gasto público

El título que le dieron los negociadores de la Habana al primer punto de la agenda para la terminación del conflicto fue ‘Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral’. Este acuerdo se refiere fundamentalmente al tema del agro y de las tierras, y busca el bienestar de la gente del campo, mediante la reactivación de la actividad agropecuaria, la reducción de la pobreza, y el cierre de la brecha entre la ciudad y el campo. Su lectura concienzuda evidencia que la puesta en marcha de la estrategia de reforma (RRI), tendrá implicaciones significativas de tipo presupuestal y financiero para las autoridades económicas.

Si bien el propósito de dar acceso gratuito a la tierra a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente no tendrá un costo mayor para el Estado, pues el Fondo de Tierras se nutrirá principalmente de aquellas mal habidas, su redistribución sí presentará gastos adicionales en cabeza del Estado, pues según el documento “no se trata solo de brindar acceso a la tierra, sino de asegurar el acceso integral; es decir, que junto con las tierras hay que proveer los medios y capacidades para hacer uso de ellas (como capital semilla, riego donde sea necesario, asistencia técnica, vivienda y crédito), así como crear un entorno que contribuya a la productividad y el bienestar mediante la provisión de bienes y servicios públicos como vías, salud, educación, agua potable y apoyo a diferentes formas de asociatividad solidaria y cooperativismo, y a la comercialización de productos”.

La reforma también requiere, según lo concertado, de la implementación de planes orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social y estímulos a la economía campesina. En infraestructura, se prevé reconstruir la red de vías terciarias, corregir el déficit en electrificación, y ampliar la infraestructura de riego y drenaje. En salud, se acordó un nuevo modelo con un enfoque diferencial para las zonas rurales dispersas. En educación, brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, calidad y pertinencia y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, mientras que en vivienda, agua y saneamiento básico se busca mejorar las condiciones de salud y la disminución del déficit de vivienda rural. Asimismo, se convino fortalecer el sistema de protección y seguridad social de la población rural.

Desde el ámbito de la producción, se acordó un plan de asistencia integral técnica y de impulso a la investigación, para estimular procesos de innovación tecnológica y otro para la comercialización de los productos provenientes de la economía campesina. También se pactó articular un sistema de alimentación y nutrición para la población rural.

Las implicaciones de los programas previstos en la RRI sobre el Plan de Desarrollo y en las metas fiscales y financieras del Estado tienen un inmenso calado. Desde el ámbito de la política económica, el reto es obtener un financiamiento adecuado. Se requerirá reorientar el presupuesto nacional y levantar más arbitrios fiscales y del crédito, incluyendo recursos blandos para posconflicto de las entidades multilaterales, así como aportes de países amigos.

La pregunta que surge es si el Ministerio de Hacienda y el DNP han adelantado los cálculos de los recursos requeridos y sus fuentes de financiamiento, y si han estudiado cómo este acuerdo incidirá en las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo.