La reorganización del Estado
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Una de las reformas estructurales de mayor envergadura que viene adelantando la administración del presidente Santos es, sin duda, la reorganización institucional del Estado.
Tal como ha sido anunciado a los medios de comunicación, esta se formalizó mediante la expedición de 76 decretos, de los cuales 18 involucran la creación de ministerios, agencias, empresas, unidades administrativas, organismos y consejos.
Entre los nuevos departamentos administrativos cabe mencionar el de la Prosperidad Social, a cuyo cargo quedan la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, el Instituto Colombiano de Bienestar, el Programa Familias en Acción y el Fondo de Inversiones para la Paz.
Por su parte, se establecen unidades administrativas especiales, tales como la de regulación financiera, las agencias nacionales minera y de infraestructura, y otras que se centran en la Presidencia de la República, como la Agencia Colombiana para la Reintegración, la Agencia de Cooperación Internacional y la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres.
La reorganización del Estado está bien encaminada y los nombramientos anunciados de quienes dirigirán estas unidades, agencias y departamentos administrativos, junto con los nuevos ministros y viceministros, reconfirman que el presidente Santos está en proceso de ensamblar un equipo de gobierno sin precedentes en la historia contemporánea colombiana y que evoca la estrategia institucional adelantada por el presidente Carlos Lleras Restrepo a finales de los 60.
No obstante, cabe resaltar algunos de los peligros que puede traer consigo una reforma de esta envergadura.
De un lado, existe el riesgo del desborde de los gastos administrativos y, en general, del gasto público que pueda surgir de la estructura del Estado propuesta. Al respecto, vale la pena recordar los problemas fiscales que se presentaron en los años 70 y 80 como consecuencia de la creación de múltiples entidades descentralizadas y empresas comerciales del Estado que se iniciaron, muchas de ellas, a fines de los 60.
Para 1982, por ejemplo, el déficit del sector descentralizado llegó a ascender al 4 por ciento del PIB. Ojalá esta experiencia ocurrida en el pasado no se repita y se pueda evitar en la medida en que la regla fiscal establecida en el 2010 se ejerza y opere estrictamente.
El segundo riesgo que se presenta con una organización del Estado en la cual existen ‘muchos capitanes’ son las fallas de coordinación entre ministerios, departamentos administrativos y agencias, y las dificultades para definir las posiciones únicas del Gobierno, particularmente cuando todos los directivos son personajes de ‘nivel ministerial’, como es el caso actual.
Ejemplos de ello surgen con los decretos y reformas recientes en temas como riesgos profesionales, pensiones y en la supervisión financiera. Con la separación de los Ministerios de Salud y Trabajo, el tema de riesgos profesionales queda adscrito tanto al Ministerio de Salud y Protección Social como al de Trabajo y no resulta claro cuál estará a cargo de la definición de políticas.
Algo similar sucede con las pensiones, donde están involucrados los ministerios del Trabajo, Salud y Hacienda, además de la vocería que, en estos temas, siempre ha tenido el ahora vicepresidente, Angelino Garzón.
De igual forma, el decreto mediante el cual la Superintendencia Financiera asume la vigilancia de las empresas promotoras de salud parece dejar la posibilidad de que coexistan dos supervisores, el de salud y el financiero. Esperemos que se puedan superar este tipo de escollos.
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