Agenda de competitividad

El viernes pasado, en mi columna de El Tiempo, me referí a los peligros que emanan de la propuesta que está en curso de adoptar lo que los proponentes llaman una “política industrial moderna”. Sin embargo, se necesita una agenda nacional de competitividad que comprenda políticas y decisiones que favorezcan transversalmente a todos los sectores, como es: provisión de una infraestructura adecuada; promoción de conocimiento y transferencia de tecnología; un gobierno con más capacidad de ejecución; reducción de la corrupción; fortalecimiento del sistema educativo, de justicia y seguridad, o políticas que le aporten dinamismo y capacidad al sector financiero y al desarrollo humano.

Por otra parte, existe la posibilidad de impulsar sectores específicos para complementar acciones privadas o darles mayor alcance. Decía al final del comentario, ya citado, que hay pocos casos en América Latina que se pueden usar como ejemplos de lo que es una intervención efectiva y deseable del Gobierno en una decisión de inversión privada, y que uno de ellos fue llevar Intel a Costa Rica.

En el Gobierno tienen que estar pendientes de que no se les escapen oportunidades parecidas por desconocimiento, prejuicios o provincialismo del equipo asesor de la Presidencia, porque la pérdida que ocasiona esta falla en la información es gigantesca e irremediable. Por ejemplo, Colombia pudo haber sido la sede del Fondo de Cultura Económica o de la operación de Tata Technologies en las Américas, pero, por descuido, los dejamos ir a México y Uruguay.

Otro ejemplo exitoso que traen a cuento los proponentes de la nueva política industrial es el del salmón en Chile, que se ha convertido en una gran industria de exportación gracias a la intervención de la Fundación Chile. Esto puede ser cierto, en parte, porque el esfuerzo inicial lo hizo el sector privado por la misma época en la que comenzó en Colombia la industria exportadora de flores, que ha tenido un éxito comparable al del salmón, y que recibió, en su momento, apoyo estatal, proveniente sobre todo de Proexpo, que se convirtió en su fuente de recursos casi propia. Ambos proyectos se originaron en iniciativas privadas de un grupo de jóvenes egresados del magíster de administración del MIT, que se hicieron millonarios y crearon industrias, basándose en investigación de terceros.

En Colombia hay un número plural de fondos de inversiones que no han sido capaces de invertir un centavo, desde hace años, por falta de ideas o de valor. Conviene dejarles a ellos la responsabilidad de financiar proyectos como estos y que después pueda el Estado apoyarlos para que tengan mayor impacto o alcance. La agenda de competitividad debería orientarse hacia lo que ya está andando.

Los principales grupos empresariales ya están metidos en la altillanura, con tierras compradas, tecnologías seleccionadas y ensayos realizados. Les hace falta una carretera entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño y la eliminación de la restricción al número de hectáreas que puede poseer un solo beneficiario para echar a andar un proyecto a gran escala, que puede traerle al país un aumento de la producción agropecuaria mayor al 30%. ¿Por qué no comenzar por ahí las políticas productivas modernas? O hacerlo en la costa Atlántica y Buenaventura, subsanando las fallas de infraestructura y de servicios sociales que permitirían un desarrollo más acelerado de esas regiones. O concebir la forma de sacar al mercado el carbón siderúrgico del centro del país.