Santos: ¿oveja con piel de lobo?
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Hace unos años escribí en un artículo, que después de las reformas que emprendió el Gobierno de Gaviria, ninguna de las administraciones posteriores había logrado introducir y hacer aprobar legislación de comparable trascendencia.
Creo que esto sigue siendo cierto, especialmente, porque se cambió la Constitución con el beneplácito general, hace precisamente 20 años que modificó radicalmente el marco de referencia de la vida política ciudadana y económica en el país. Pero al paso que va, el Gobierno de Santos puede superar el punto que puso el de Gaviria en las demás reformas.
Ayer se firmó la Ley de Víctimas, de la que el presidente ha dicho que se sentiría satisfecho si sólo lograba que ella se aprobara durante su mandato. Este es un logro importante de su administración y un paso definitivo en la búsqueda de más armonía social en Colombia.
Esta ley ha sido criticada por la carga fiscal que puede generar, porque su aplicación requiere autoridad y quizá intervención decidida de la fuerza pública para hacerla cumplir en las regiones, porque crea muchas expectativas y puede generar insatisfacción.
Algunas de estas apreciaciones son válidas, pero no son una razón suficiente para descalificar la ley. Ella le crea una esperanza y una opción clara de alivio o de resarcimiento a los millones de colombianos que han sido víctimas del conflicto armado.
Les dice que el Estado reconoce su sufrimiento y se ha puesto de su lado, quizás por primera vez.
Es un acto de reconocimiento oficial de su dolor y un público desagravio. Esto tiene un gran valor y es un hito en la historia nacional.
Pero Santos tiene mucho más de que sentirse satisfecho esta semana: el jueves pasó en último debate la reforma del régimen de regalías en forma satisfactoria. No quedó tal como se hubiera querido, pero frente al régimen de regalías que existía, el nuevo es indiscutiblemente superior y más justo.
Si se maneja sin clientelismo puede resultar un vehículo extraordinario para financiar algunos de los grandes proyectos que necesitan las regiones y el país. Haber conseguido este cambio requirió una gran destreza política y puso a prueba la unión de la coalición de Gobierno.
El miércoles pasó a conciliación el cambio constitucional que consagra el criterio de sostenibilidad fiscal, una iniciativa del Gobierno anterior con la que estaban muy entusiasmados el actual MinHacienda y su antecesor.
Esta reforma introduce en la Constitución un elemento, el de la sostenibilidad fiscal, que incomodaba al Partido Liberal y que ha sido rechazado por el Polo, porque consideran que es lesivo de la política social y que limita la capacidad del Poder Judicial para enmendar injusticias y hacerle pagar al Estado por ellas.
El Partido Liberal aceptó que se incorporara la sostenibilidad como criterio y no un principio o un derecho. No es inconsistente que el mismo Gobierno que impulsó la Ley de Víctimas promueva simultáneamente este cambio constitucional.
Hace un año el presidente Santos había anunciado en el El Radar, que su gobierno iba a ser de Tercera Vía, y lo había escrito en un libro que se publicó en 1999, pero recibimos con beneplácito y algo de incredulidad estos anuncios. Hoy, al ver que los está cumpliendo, celebramos los aciertos. Ojalá su propósito de consolidar un partido mayoritario de centro izquierda también se vuelva realidad.
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