El teatro municipal

El Gobierno se estaba ufanando prematuramente de haberle dado un buen mordisco a los recursos que provienen de las regalías que recibían las administraciones municipales, a las que el esquema concebido por la Constitución de 1991 les concedía la parte del león de estos gravámenes, y de haber podido ‘esparcir mejor la mermelada’ (regalías) en el territorio nacional. Esta repartición ha tenido el efecto de haber dejado a todos descontentos: los municipios que perdieron los recursos, porque ya no los tienen, y los que se beneficiaron con la distribución más equitativa, porque no recibieron suficiente.

Los municipios que perdieron recursos han reacomodado sus presupuestos para preservar la posibilidad de conceder jugosos contratos a amigos políticos para continuar el despilfarro en obras innecesarias o inconclusas, y han dejado desfinanciadas obligaciones básicas como transporte escolar, pago de maestros o dotación de instituciones educativas o de salud pública. Pretenden colgarse del presupuesto nacional o presionar a las empresas que pagan las regalías para recuperar los recursos que les quitó la reforma al régimen de regalías.

Y los municipios beneficiarios de se quejan de que les ha tocado poco, lo que es cierto, porque a la postre había mucho pan y poca mermelada para repartir.

Unos y otros les han llevado estas quejas a sus congresistas y ellos aducen haber sido engañados por el Ministro de Hacienda en el alcance de la reforma. En el fondo lo que se ha montado es una obra teatral para crearle al Gobierno Central nuevas obligaciones y anular los efectos fiscales de la reforma.

El objetivo es que les dé más recursos a los municipios que no recibían regalías y les devuelva parte de las que les quitó a los que las recibían en exceso.

Si el Minhacienda no se avispa puede salir trasquilado, después de haber ido por lana, con serias consecuencias fiscales y macroeconómicas, pues peligran los magros logros de la reforma al régimen de regalías, que ya son de por sí muy inferiores a los previstos y anunciados.

Esta obra teatral ya la habíamos visto en su versión original después de que la Constitución de 1991 les asignó a los gobiernos locales una porción grande de los recursos que recauda el Gobierno Central y luego una ley les transfirió la responsabilidad de pagar con esos recursos los servicios para satisfacer necesidades básicas de las localidades.

En ese momento inicial existió la posibilidad de que los gobiernos locales se emanciparan y se hicieran dueños de sus propios destinos, lo que ocurrió parcialmente en el caso de Bogotá, Medellín y otros pocos municipios, que demostraron lo que puede hacer un gobierno local responsable con la fortaleza fiscal que les creó a los municipios la nueva Constitución.

En su mayor parte, esta visión no se llevó a cabo.

El Gobierno Central y las maquinarias clientelistas que operaban en el régimen centralizado anterior a esta Constitución se dieron cuenta de que el poder político se había descentralizado cuando se descentralizaron los recursos fiscales. Para recuperar su ‘gobernabilidad’, les montaron a los gobiernos locales un presupuesto adicional para transferirles más recursos para cumplir con las mismas responsabilidades que les había impuesto la descentralización.

Se infló desmedidamente el gasto del Gobierno Central, y no se incentivó a los municipios a generar sus propios recursos ni a desarrollar buenas administraciones. Se cambió todo para que nada cambiara, como puede volver a suceder.