Mejor temprano que tarde
Recobrar la seguridad jurídica no es una labor fácil.
El verbo procastinar significa diferir, aplazar. Sin embargo en ocasiones se puede entender como la expresión de quien piensa que solo hay riesgo cuando se toman decisiones sin tener en cuenta que hay ocasiones en las que el riesgo más grande es no tomarlas.
Colombia necesita entender que no puede continuar –basándose en el hecho de que el país ha podido sortear muchas crisis gracias en parte a su resiliencia e imaginación comprobada en el pasado– continuar planteando “que es mejor tarde que nunca”. Esto distrae su atención apagando incendios que se han convertido en urgentes, y no atendiendo lo importante, que es prevenirlos.
No podemos darle tiempo al tiempo. En algún momento la frase “es mejor tarde que nunca” no se podrá hacer realidad. Simplemente porque el país puede ya estar tan deteriorado que no podrá dar marcha atrás.
La derogación de la Ley de Financiamiento evidencia la necesidad perentoria de devolverle al país una seguridad jurídica de la cual nos preciábamos en el pasado.
Es un ejemplo perfecto de lo que anoté anteriormente: al haber procastinado, la necesidad de tramitar a último momento una ley considerada de vital importancia por el Poder Ejecutivo hizo que ni este ni el Legislativo hicieran la debida diligencia. Se aprobó con un vicio que fue demandado.
La Corte Constitucional dictaminó que se derogara, pero usando su imaginación encontró la fórmula (por fortuna!) de diferir hasta enero del año entrante las consecuencias de la derogación para dar tiempo de aprobar una ley en lo que queda del año, que busque “recoger todos los beneficios, mecanismos y normas” que tenía la ley derogada.
Acto seguido le vienen críticas a la Corte por no tener en cuenta el impacto económico “catastrófico” que trae su decisión.
Los críticos insisten en “buscar la calentura en las sabanas”. La Corte no está diseñada para dejar pasar una legislación presentada con defectos, sean de forma o de fondo, sino para dictaminar en Derecho.
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que asumir las consecuencias de haber procrastinado. Como resultado, vieron fracasar algo tan importante como una reforma tributaria.
Para hacer más confuso el episodio, ahora una calificadora de riesgo opina públicamente que en realidad la derogación de la ley no es catastrófica.
Esto, aunado a la imaginativa jugada de la Corte que consiguió posponer los efectos de su decisión, ha llevado a que mucha gente sienta alivio y piense que se pudieron evitar los efectos más graves de un desatino.
Yo no lo veo así. El daño causado es tan irreversible como lo son los daños que, por falta de claridad en lo jurídico, se le hacen al devenir del ciudadano todos los días.
Recobrar la seguridad jurídica no es una labor fácil. Es una tarea en la que tenemos que colaborar todos los colombianos si queremos mantener la esperanza de ver una Nación que sea hogar futuro de las generaciones por venir.
Salomón Kassin Tesone
Banquero de inversión
skassint@gmail.com
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