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$19.666 millones perdió el Banco Agrario en contrato con Estraval

La entidad financiera no cumplió su propio manual de políticas de crédito, que le exigía tener mayores garantías antes de la celebración del acuerdo.

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La Contraloría General de la República encontró un detrimento patrimonial por 19.666 millones de pesos en un contrato firmado y ejecutado por el Banco Agrario y la firma Estraval, procesada por las autoridades por un millonario fraude que supera los 500.000 mil millones de pesos en reclamaciones.
El ente de control fiscal evidenció que el contrato celebrado y ejecutado por el Banco Agrario y Estraval, la entidad financiera compró créditos de libranza no vencida, originados por varias cooperativas, por 24.126 millones de pesos, representados en 5.359 libranzas. Así mismo delegó a la firma las funciones de administración, cobro y recaudo de dicha cartera.
Sin embargo, la Contraloría estableció que la entidad bancaria no cumplió su propio manual de políticas de crédito, en el que se exigía que el vendedor de cartera se encontrara legalmente constituido y tuviera experiencia mínima de 3 años en la originación de libranzas. Al momento de firmar el contrato Estraval no cumplía con ese requisito ni su trayectoria en la celebración y ejecución a satisfacción de ese tipo de contratos era la requerida.
Estas omisiones se constituyen en graves deficiencias en el proceso de valoración y estructuración del modelo de negocio de compra de cartera de libranza por parte del Banco, pues no hubo la debida evaluación del riesgo integral del contrato.
Si bien el Banco Agrario intentó recuperar el dinero perdido, solicitando al Liquidador de ESTRAVAL ser reconocido en el proceso de liquidación como su acreedor y subsidiariamente como afectado, este esfuerzo no sirvió pues no fue reconocido como tal. De todas formas,  si fuera aceptado como tal, las pretensiones de otros afectados superan los 500 mil millones de pesos, frente a 41.499 millones en activos que tiene Estraval para responder a sus acreedores. Por lo tanto, no se podría dar la reparación económica necesaria para evitar el detrimento patrimonial.
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