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Ante el reciente fallo emitido por la Corte Constitucional con el que declaró inexequible el Decreto 558, expedido al amparo de la emergencia económica, social y ambiental, para que las empresas y trabajadores pudieran tener recursos de caja disponibles y suspendieran el pago de los aportes pensionales de abril y mayo, Asofondos pidió que se otorgue hasta un año y medio para restituir dichos recursos.
El presidente del gremio de los fondos privados de pensiones y cesantías, Santiago Montenegro Trujillo, dijo que se está a la espera de conocer plenamente el detalle de la decisión a fin de abordar un análisis más profundo sobre su alcance.
Sin embargo, frente a lo que ha trascendido desde el alto tribunal, el sector AFP dijo que respalda el fallo y reafirma la solidez del régimen de ahorro individual para garantizar el pago de las pensiones de sus afiliados, sector bajo el que operan desde hace 26 años Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.
“Creemos que una buena medida puede ser que las empresas y los trabajadores tengan un periodo de entre 12 y 18 meses para pagar dichos aportes sin ningún interés de mora”, planteó Montenegro.
“Reiteramos, tras este fallo, que las administradoras de los fondos de pensiones constituyen un sector sólido, cuya experiencia y capacidad para cumplirles a sus afiliados, entre ellos, sus pensionados, está más allá de toda duda. Las AFP han cumplido, cumplen y seguirán honrando sus obligaciones como el mejor aliado de los trabajadores en la construcción de su ahorro previsional”, enfatizó Montenegro.
UNA DECISIÓN QUE NO ALCANZÓ A CONCRETARSE
Con el fallo también se dejó claro que los 20.000 pensionados en las AFP, que originalmente iban a ser obligados a trasladar su ahorro (equivalente a $5 billones) a Colpensiones en cumplimiento del Decreto 558, seguirán donde están, en sus administradoras de fondos de pensiones, recibiendo sus mesadas de forma vitalicia.
En días pasados el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, le dijo a Portafolio que el monto de aportes pensionales suspendidos por empresas y trabajadores a la administradora estatal estaría entre $650.000 y $700.000 millones de pesos.
Entre los dos sistemas (público y privado) la cifra llegaría a $3 billones.