Cesantías retroactivas le siguen costando al Estado casi $2 billones

El pasivo por este rubro fue de unos $2,5 billones en el 2017. El nuevo Congreso buscaría acabar el régimen a través de un proyecto de ley.

27.06.2018 21:28 Actualizado: 27.06.2018 21:32

Imagen montañas avif Foto:Imagen montañas avif

La retroactividad de las cesantías, que consiste en liquidar estos recursos con base en cada aumento salarial, le costará al Estado este año la no despreciable cifra de $2 billones.

El sector educativo es el que mayor participación tiene de estos pagos, ya que la deuda que el país tendrá en el 2018 por este rubro es de casi $1,5 billones, y le siguen los empleados de los sectores defensa y seguridad (Fuerzas Armadas), Justicia y Procuraduría, y Trabajo y Seguridad.

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Por esto, entre el Congreso recién elegido suena la idea de que se presente un proyecto para eliminar estos pagos, aunque la idea no caló bien en la academia. Para Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, “no es conveniente, sobre todo porque en su momento se eliminaron estos derechos para generar más empleo, lo cual tampoco sucedió en la realidad”.

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Como se detalla en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, a pesar de que los salarios aumentan cada año (y por ende los cálculos de las cesantías retroactivas). También hay una disminución del número de personas que tienen derecho a esa contraprestación, que se ha venido disminuyendo en los últimos años: en el 2009, la deuda era de $4,4 billones y este año sería de $1,9 billones.

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Sin embargo, en el borrador que tienen algunos de los legisladores que se posesionarán el próximo 20 de julio se detalla que “apelarán a la igualdad de condiciones laborales para todos los trabajadores, ya que es inaceptable que muchos de los beneficiados ya se han pensionado, pero siguen vinculados al Estado por otras formas”.

Según Jaime Tenjo, doctor en Economía e investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, “los $2 billones parecen mucho dinero, pero no lo son, si se comparan con el presupuesto general, además que se trata de personas que en su momento no aceptaron cambiar de régimen y se les deben respetar los derechos adquiridos”.

En esto difirió uno de los parlamentarios recién elegidos –quien pidió reserva por no haberse posesionado–: “entre esto y las megapensiones de algunos funcionarios, se amplía el hueco fiscal y el gasto público, en lugar de irse a financiación de programas sociales o económicos del país, que tanto déficit presentan hoy en día”.

IMPACTO FISCAL

Para Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, el mejoramiento del fisco a través de temas laborales debe atacar otros aspectos como reducir formalizar más trabajadores, con el fin de “evitar condenas de tribunales por mal uso del esquema laboral, que termina impactando derechos laborales”.

A pesar de que procesos de este tipo también tienen un alto costo fiscal, según el analista, tienen una repercusión importante a largo plazo, ya que le evitarán al Estado pagar por sentencias judiciales.

De otro lado, , en su opinión, debe existir una “correcta gestión del recaudo para poder asumir las deudas laborales que necesariamente están ligadas al derecho de

los trabajadores”.

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