Contraloría detectó irregularidades en pagos de salarios y pensiones en la rama judicial

La Contraloría General de la República (CGR) reveló que en los últimos cinco años el Consejo Superior de la Judicatura ha pagado 2.813 millones de pesos de más en salarios y prestaciones de nómina. Asimismo, en este mismo período, ha adicionado cesantías por más de 4.406 millones de pesos, lo que para la Contraloría es señal de debilidades y falencias en los procedimientos que aplica para la administración de personal.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó la CGR tras la Auditoría de Cumplimiento al proceso de reconocimiento, liquidación, pago de salarios y prestaciones laborales de los servidores de la Rama Judicial para las vigencias 2013 a Octubre de 2017.

Se hicieron en total 45 hallazgos administrativos, 12 de ellos con incidencia fiscal. Algunos son pago de salarios y prestaciones sociales de personal que ya había sido retirado del servicio, casos de doble pago de cesantías, pago de sobre sueldo del 8% eliminado desde 1991 y aplicación de la no solución de continuidad en el auxilio de cesantías que generó mayores valores pagados.

“Estas situaciones hacen incurrir al Consejo Superior de la Judicatura en un desgaste administrativo que conlleva a procesos de ajustes recurrentes, lo que en muchas ocasiones ha impedido la recuperación oficiosa de los dineros pagados en exceso y en consecuencia, exige el inicio de procesos de cobro coactivo”, señala la Contraloría.

A pesar de los $12.000 millones que se han invertido durante 8 años en la solución tecnológica Kactus, plataforma para dar soporte a los procesos de administración y gestión del talento humano, dicha aplicación tiene varias deficiencias. Debido a los errores en las liquidaciones realizadas a través del Sistema Kactus, las seccionales del Consejo Superior de la Judicatura han tenido que trabajar con instrumentos alternos para realizar las correcciones del caso, validar y calcular las cesantías y prestaciones.

Como parte de los hallazgos también se encontró que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ordenó la apertura de cuentas globales para cada uno de los fondos de cesantías, con el fin de realizar el giro de cesantías a los funcionarios afiliados, contrario a lo establecido por las normas que regulan este auxilio. Con este método se vienen haciendo giros soportados en proyecciones y no en valores realmente causados, lo que lleva a que los ajustes necesarios para cada caso particular, se efectúen por comunicaciones individuales, escapando a la cadena presupuestal que rige para la Rama Judicial.

A pesar de las reiteradas y persistentes inconsistencias, el Consejo Superior de la Judicatura no adoptó correctivos para reducir el índice de errores que generan las dobles acreditaciones, lo que se convierte en un riesgo permanente para el manejo de los recursos públicos.