Estos medicamentos saldrán del mercado por tener registro fraudulento

El Invima emitirá una directriz para retirar de los anaqueles los productos que fueron comercializados con registros sanitarios falsos.

30.08.2018 07:59 Actualizado: 30.08.2018 07:59

Imagen montañas avif Foto:Imagen montañas avif

Este miércoles, la Fiscalía y el Invima allanaron laboratorios en Bogotá y Medellín “con el fin de determinar los valores percibidos por los mismos a través de la comercialización de los productos fraudulentos y determinar los recursos provenientes de la actividad criminal”, según informó el ente investigador.

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Por estos hechos, fueron capturadas 14 personas, de las cuales 12 eran funcionarios del Invima acusados de organizar un grupo delictivo para otorgar los registros fraudulentos a cambio de cobros a particulares. Deberán responder por delitos de concierto para delinquir, cohecho, falsedad ideológica, falsedad material y enriquecimiento ilícito.

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Entre los productos hay siete medicamentos con constancia de autorización y registros fraudulentos: dos antibióticos (Icncla y Bactiflox), el antihipertensivo Duoartril en tabletas, el antiparasitario Helmintaz en tabletas, un antinflamatorio de nombre Nimeflex, la desloratadina llamada Renilax tabletas y Bactrogyn óvulos.

Por otra parte, la Fiscalía informó de productos dietarios y de belleza que obtuvieron sus registros sanitarios de forma ilegal. Estos son un gel para dolencias como artritis y osteoartrosis, de nombre Abexine; una fibra supuestamente usada para la pérdida de peso llamada Fattache, y las cremas y parches Canna Pain.

Autoridades médicas advierten que los usuarios deben suspender inmediatamente el consumo de estos medicamentos. También, el Invima debe enviar una directriz a secretarías municipales y departamentales para que los retiren del mercado.

Por estos delitos, la Fiscalía compulsó copias para que se inicie el proceso de extinción de dominio a empresarios y laboratorios involucrados en la obtención de registros fraudulentos, así como a los funcionarios que le lucraban de esta actividad.

La investigación comenzó en 2017, cuando la Fiscalía comenzó a hacer interceptaciones telefónicas legales de unas 100 líneas, además de usar otras técnicas de investigaciones que permitieron determinar la existencia de varios posibles delitos.