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Esto, luego de que ambas entidades comunicaran el interés de trabajar ‘a cuatro manos’ para diseñar una estrategia que destrabe dichos procesos, algunos de los cuales están bloqueados por medidas cautelares.
Así, el ente investigador le respondió al Ministerio Público, ofreciéndose para llevar a cabo esta tarea, luego de que un delegado de la Procuraduría le solicitara hace unos días que se acelerara este proceso para los activos de la firma, e incluso se ofreció a trabajar conjuntamente, en el caso de los bienes de la multinacional involucrada en el pago de sobornos para ganar contratos en Colombia y alrededor del mundo.
En la misiva, Andrea del Pilar Malagón, directora Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, le respondió al ente de control que: “Quedamos muy atentos para llevar a cabo la coordinación que requiere la defensa del interés público”.
Por lo anterior, agregó, “es determinante valorar conjuntamente con la Procuraduría las medidas cautelares emprendidas por ese despacho y definir un plan de acción mancomunado que, en todo caso, no puede extenderse a bienes que son hoy de entidades públicas”, es decir, de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Estos últimos son 8 activos detallados en el documento con su matrícula inmobiliaria, pero más allá de esto, le da vía libre a que se diseñe el plan de extinción de dominio para unas 4 millones de acciones de una empresa en las Islas Vírgenes, avaluada aproximadamente en US$4 millones, además de 5 inmuebles y 2 vehículos, pertenecientes a la firma.
Además, podrán incluirse los activos del exsenador Otto Bula, entre los que están casi 700 animales y más de 30 inmuebles.