Agricultores de Argentina reanudaron este miércoles sus protestas contra política fiscal del gobierno Kirchner
"Es inminente una nueva protesta" dijo Eduardo Buzzi, uno de los líderes del sector agropecuario, que había cumplido una dura huelga con bloqueos de rutas durante 21 días en marzo pasado.
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"Quedó clausurado el tratamiento de las retenciones (impuestos a las exportaciones) móviles", agregó Buzzi. Pero el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, lanzó una severa advertencia al señalar que "si los agricultores paran, que se atengan a las consecuencias".
El líder de la marcha dijo que "esta situación fractura al país y el Gobierno hubiera podido evitarlo", si revisaba las alzas de impuestos a la soya, el principal producto exportable de esta nación sudamericana.
La soya producirá este año una renta de unos 24.000 millones de dólares, de los cuales el fisco intenta captar unos 11.000 millones por la vía de los impuestos, lo que el campo considera confiscatorio.
"La vocación del diálogo siempre está, pero no la de seguir tolerando la presión de la amenaza de una huelga si no se hace lo que ellos quieren", dijo Fernández, ministro y jefe de las negociaciones con el campo, encomendado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los productores debatían ayer en asambleas cuál será la nueva modalidad de la protesta. "Vamos a endurecer nuestra posición cada vez más", dijo Alfredo de Angeli, uno de los líderes más populares de la huelga y dirigente de la Federación Agraria, que reúne a unos 100.000 pequeños y medianos productores, muchos de ellos concentrados a la vera de las rutas, a punto de bloquearlas.
Una esperanza de arreglo se había encendido el martes pasado tras una dura negociación del Gobierno con los presidentes de las entidades rurales.
Pero aquel acuerdo preliminar se derrumbó cuando el Gobierno se negó a eliminar los tributos flotantes como lo reclaman las asambleas de agricultores como condición indispensable para evitar la huelga.
Las retenciones móviles significan que la tasa impositiva crece en forma proporcional al aumento de los precios internacionales de las materias primas agrícolas.
Entre los agricultores rebeldes también figuran los productores de carnes y leche, además de los que piden refinanciación de pesadas deudas.
El Gobierno "trata de actuar para que en el mercado interno no aumenten los precios en base al mercado internacional", dijo a la AFP una fuente gubernamental que pidió reserva de identidad.
"Si los precios locales siguiesen a los internacionales, sería imposible vivir en Argentina", dijo la fuente del Gobierno, cuyo principal objetivo es controlar una inflación que algunas empresas consultoras privadas ubican entre 20 y 30 por ciento anual.
Lo que dejó la primera versión
La soya producirá este año una renta de unos 24.000 millones de dólares, de los cuales el fisco intenta captar unos 11.000 millones por la vía de los impuestos, lo que el campo considera confiscatorio.
"La vocación del diálogo siempre está, pero no la de seguir tolerando la presión de la amenaza de una huelga si no se hace lo que ellos quieren", dijo Fernández, ministro y jefe de las negociaciones con el campo, encomendado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los productores debatían ayer en asambleas cuál será la nueva modalidad de la protesta. "Vamos a endurecer nuestra posición cada vez más", dijo Alfredo de Angeli, uno de los líderes más populares de la huelga y dirigente de la Federación Agraria, que reúne a unos 100.000 pequeños y medianos productores, muchos de ellos concentrados a la vera de las rutas, a punto de bloquearlas.
Una esperanza de arreglo se había encendido el martes pasado tras una dura negociación del Gobierno con los presidentes de las entidades rurales.
Pero aquel acuerdo preliminar se derrumbó cuando el Gobierno se negó a eliminar los tributos flotantes como lo reclaman las asambleas de agricultores como condición indispensable para evitar la huelga.
Las retenciones móviles significan que la tasa impositiva crece en forma proporcional al aumento de los precios internacionales de las materias primas agrícolas.
Entre los agricultores rebeldes también figuran los productores de carnes y leche, además de los que piden refinanciación de pesadas deudas.
El Gobierno "trata de actuar para que en el mercado interno no aumenten los precios en base al mercado internacional", dijo a la AFP una fuente gubernamental que pidió reserva de identidad.
"Si los precios locales siguiesen a los internacionales, sería imposible vivir en Argentina", dijo la fuente del Gobierno, cuyo principal objetivo es controlar una inflación que algunas empresas consultoras privadas ubican entre 20 y 30 por ciento anual.
Lo que dejó la primera versión
Durante la huelga de 21 días que cumplieron los agricultores en marzo, fueron bloqueadas unas 400 rutas estratégicas y se produjo un inédito desabastecimiento de alimentos y otros insumos en las más grandes urbes, incluso en Buenos Aires, capital del país.
El conflicto desembocó en crisis política, con cacerolazos de la oposición en grandes ciudades y un gran mitin del oficialismo en defensa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El conflicto desembocó en crisis política, con cacerolazos de la oposición en grandes ciudades y un gran mitin del oficialismo en defensa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Además la huelga se encargó de forzar la renuncia de Martín Lousteau como ministro de Economía, reemplazado por Carlos Fernández.
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